La inminente firma del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos en materia agrícola, ha motivado que organizaciones agrarias como ASAJA Murcia alcen su voz para pedir al Gobierno español que “vete este nuevo pacto, ya que va a perjudicar de forma decisiva a las exportaciones de las producciones agrícolas españolas”, tal y como ha destacado su secretario general, Alfonso Gálvez Caravaca.

Los agricultores murcianos rechazan este nuevo acuerdo agrícola suscrito ente la Unión Europea y Marruecos, a la vez que piden al Ejecutivo que “tome medidas al respecto para evitar que afecte a un sector que actualmente vive unas circunstancias críticas debido a la crisis que viene arrastrando”, según indica el titular de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca.

En este sentido, “la mejor solución sería no ratificar el pacto hasta que Marruecos asuma el compromiso de cumplir con los contingentes y los precios de entrada, un hecho que a día de hoy aún no se ha materializado”, en palabras del secretario general de esta organización profesional agraria.

Hasta el momento, Marruecos ha pasado por encima de cualquier tipo de control en las aduanas europeas y, en cuanto a los precios, ha sido el encargado de introducirlos en los mercados según su criterio, en consecuencia “estas circunstancias suponen un grave perjuicio para las producciones agrícolas murcianas que se ven obligadas a competir en los mercados internacionales en una situación de desventaja”.

Representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han manifestado que el acuerdo aún está pendiente de la firma definitiva y, por tanto, hasta que no sea un hecho no puede llevarse la decisión final al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Así, también ha reconocido que las negociaciones técnicas están ya muy avanzadas, pero que se va a trabajar para que “el acuerdo funcione de la mejor forma posible” y para lograr que exista “un equilibrio de mercado” para todos los productores.

Respecto a esta cuestión, ASAJA Murcia ha reiterado al Gobierno español que “debe evitar una situación de indefensión para los agricultores españoles, ya que tienen el derecho de concurrir en los mercados en igualdad de condiciones que el resto de países”.