Murcia, 23 nov (EFE).- La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa) ha solicitado hoy al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, su mediación ante las instituciones europeas para que se modifique la actual Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y hortalizas, al objeto de que los agricultores puedan mantener sus rentas.
Así lo ha manifestado hoy el presidente de esta organización agraria, Joaquín Gómez, tras reunirse, junto a la vicepresidenta de esta asociación, Esther Gómez, con Valcárcel en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.
El presidente de Apoexpa ha indicado que es necesario modificar la citada norma para incrementar la competitividad del sector y garantizar la rentabilidad de los productores, mediante la imposición de una diferencia justa entre costes de los productos en origen y precios de mercado.
Para ello, según ha explicado Joaquín Gómez, habría que poner en marcha herramientas de intervención que den estabilidad a los mercados, entre las que citó un sistema de retirada de productos, que, a su juicio, es factible, dado que los países productores de frutas y hortalizas del arco mediterráneo abogan por ello.
Gómez ha señalado que Valcárcel ha mostrado su apoyo a este respecto, al igual que a otra de las demandas realizadas por Apoexpa, el impulso de las nuevas tecnologías en el sector para permitir su internacionalización.
Por otra parte, el presidente regional se ha reunido también esta mañana con la presidenta regional de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Thaderconsumo), Juana Pérez, quien le ha solicitado la puesta en marcha de bonificaciones en el transporte público para las amas de casa.
Según Pérez, Valcárcel se ha mostrado receptivo a estudiar esta petición, que ya fue realizada hace unas semanas al consejero del ramo, José Ballesta.
Con respecto a las reclamaciones de consumidores, la presidenta de Thaderconsumo ha destacado que el mayor número de éstas se produce en el sector de la telefonía, seguida del de cajas y bancos, y que los procesos son muy largos, entre 8 y 10 meses, debido a "la saturación" que experimentan en estos momentos la inspección de consumo y el organismo de arbitraje.
Ante esta situación, "se hace necesario poner en marcha un cuerpo de mediación", ha afirmado Pérez, quien ha indicado que existen 4.000 afectados en la Región por problemas derivados den la firma de sus hipotecas pendientes de que se resuelvan sus casos.EFE
