La responsable de Política Social de IU en la Región, Adoración Peñas, ha denunciado hoy que el 56,47 por ciento de las personas a las que se le ha reconocido el grado de dependencia no han recibido todavía ninguna prestación por parte de la Comunidad Autónoma.
En rueda de prensa, Peñas ha indicado que este porcentaje sitúa a Murcia entre las comunidades con mayor número de solicitudes pendientes de identificar por Programas Individuales de Atención (PIA), junto con Canarias e Islas Baleares, según un estudio del IMSERSO.
Peñas ha criticado la inexistencia de convenios entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos para que estos últimos sean los encargados de gestionar la valoración de los casos a los que se debe aplicar la ley de Dependencia, lo que impide una mayor agilidad en la tramitación de las peticiones.
Además, ha denunciado que los profesionales que acuden a los domicilios para valorar a las personas dependientes son fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales en lugar de trabajadores sociales, "más idóneos para valorar algunos casos como por ejemplo, a los enfermos mentales".
Ha subrayado también que la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), incluida en la ley de Dependencia, se encuentra paralizada porque la Administración "cree que es incompatible solicitar una prestación económica y un servicio de atención social", lo que no tiene base legal.
"Vergonzoso es, igualmente, lo que está ocurriendo con servicios como la ayuda a domicilio o teleasistencia, que deberían estar incluidos en la ley de Dependencia y que están siendo boicoteados concienzudamente por el Gobierno regional, estableciendo unos requisitos imposibles de cumplir".
Asimismo, ha criticado la aplicación de las políticas sociales en la Región de Murcia por parte de la consejería del ramo, al tiempo que ha señalado que ese departamento "está soportando continuos recortes presupuestarios" que impiden la correcta aplicación de las prestaciones sociales.
Sobre el anuncio de remodelación del Gobierno regional, Peñas ha asegurado que “mucho nos tememos” que afectará en mayor grado al área de protección social como consecuencia del "escaso interés" del Gobierno en esta materia.
Ha asegurado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, "da muy poca importancia a la protección social, puesto que con la excusa de reducir altos cargos ha encontrado el pretexto ideal para arremeter contra la consejería que menos importancia le merece".
“No estamos de acuerdo con el presupuesto miserable asignado a esta consejería, ni con la gestión de sus programas o actuaciones. Si el Ejecutivo regional no se toma en serio los problemas sociales de los ciudadanos, difícilmente se pueden encontrar soluciones y propuestas efectivas”.
