El Área de Fomento de la Delegación del Gobierno considera innecesario recurrir al insulto y la descalificación para defender las condiciones del proyecto original de autovía Santomera-San Javier presentado por el Gobierno Regional, como ha venido haciendo el director general de Carreteras, José Guijarro.

En primer lugar, porque el director general culpa a la Delegación del Gobierno de mentir cuando indicó en nota de prensa que “al hacerse cargo del citado tramo el Ministerio de Fomento (en referencia al tramo Santomera-Zeneta y no al asumido por el Gobierno Regional, de Zeneta a San Javier,) éste tiene que adaptar el proyecto a sus estándares técnicos y evitar que algunas de las características iniciales -- como, por ejemplo, los radios de algunas curvas que limitaban la circulación por algunas zonas a 80 km/h -- impidan alcanzar a los vehículos las velocidades propias de las autovías estatales. Es decir, el proyecto se cambia para mejorar las prestaciones de la autovía y permitir una velocidad de 120 km/h”.

Posiblemente, Guijarro no ha entendido correctamente el significado de la frase, pues en todo momento la Delegación del Gobierno se está refiriendo a las modificaciones técnicas que se han llevado a cabo en el tramo que le corresponde construir al Estado. Sin embargo, si hubiera duda sobre lo afirmado sería fácilmente demostrable pues existen sobrados fundamentos técnicos para corroborarlo.

Guijarro también debería saber que el proyecto de autovía de peaje Santomera-San Javier, presentado en su día por el Gobierno Regional, suscitó duras críticas por parte de distintas organizaciones sociales y políticas, y también de los ayuntamientos afectados. Uno de ellos, el más beligerante, fue el propio alcalde de Murcia y secretario general del PP, Miguel Angel Cámara, quién también expresó su oposición al pago por el uso de esta infraestructura.

El acuerdo alcanzado entre la Consejería de Obras Públicas y el Ministerio de Fomento tenía como principal objetivo rebajar el coste de 210 millones de euros que esta obra suponía para la Comunidad Autónoma, cofinanciando el Estado una parte de la misma, lo que permitiría enterrar la iniciativa de peaje.

Finalmente el acuerdo se sustanció en la realización por parte del Gobierno Regional del tramo más largo pero también más sencillo, de unos 30 kilómetros entre Zeneta y San Javier, y la ejecución por parte del Gobierno de España del tramo más corto, complejo y caro, con un total de 11 kilómetros entre Santomera y Zeneta, que va a suponer una inversión superior a los 140 millones de euros, con lo que se desechó definitivamente el proyecto original de autovía de peaje.

Por tanto, la mejor manera de mantener el consenso alcanzado entre ambas Administraciones en su día, es dejar de insidiar con este tema por parte de quién está alentando críticas injustificadas o malintencionadas contra las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento que, por cierto, ha anunciado que en breve sacará a Información Pública el proyecto para las alegaciones a que hubiera lugar.

Para más abundamiento en el tema, sería conveniente recordar que, tal como quedó reflejado en su momento en los medios regionales: “la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes se replanteó el proyecto de peaje porque era poco viable para la iniciativa privada tal como estaba prevista la concesión. El que la autopista fuera libre de peaje en el término municipal de Murcia, como se había previsto, obligaba a poner una tarifa muy alta en el tramo de pago restante o a ofrecer un plazo de concesión demasiado largo para garantizar unos beneficios mínimos a la adjudicataria del proyecto. En ambos casos, según los estudios realizados, la rentabilidad para las empresas que debían hacer frente a una inversión de unos 210 millones de euros era escasa”.