Nota remitida por ANSE y Ecologistas en Acción:

Según han informado diversos medios en el día de hoy, el Gobierno autonómico ha comunicado su intención de anular la Orden de reclasificación de la Zerrichera (Águilas. LIC y ZEPA Sierra de La Almenara). ANSE ya solicitó en 2006 la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental que permitió la polémica reclasificación de la finca. Las organizaciones recuerdan que no es el único Plan de Gestión pendiente de aprobación.

En 2006, el Gobierno Regional aprobó la polémica urbanización de la Zerrichera que suponía la reclasificación de 200 hectáreas protegidas por la Red Natura 2000 (Áreas protegidas a nivel europeo) con el objetivo de construir 4.000 viviendas, un campo de golf y un centro comercial. Todo ello afectando a un área de notable valor ecológico por su importancia para la conservación de la tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), así como por la presencia de hábitats de interés comunitario.

La reclasificación fue posible gracias a un sinfín de irregularidades e ilegalidades las cuales fueron denunciadas por ANSE y por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía del TSJ. La investigación judicial por la vía penal desarrollada por el Juzgado de Instrucción nº3 de Murcia continúa en la actualidad y ha supuesto la imputación de un importante número de altos cargos del Gobierno Regional, incluyendo al ex consejero Francisco Marqués. Asimismo, tanto ANSE como Ecologistas en Acción ha solicitado en numerosas ocasiones la investigación del todavía Consejero Joaquin Bascuñana, cuya Orden reclasificatoria va a ser ahora anulada.

Por su parte, y gracias al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto conjuntamente por ambas organizaciones, el TSJ dictó la paralización cautelar de la Orden del Consejero Bascuñana, lo que suponía un evidente varapalo al intento de urbanizar el lugar, pero aún así era precisa la anulación definitiva de la reclasificación. Por esta razón, ANSE solicitó, en 2006 y al entonces Consejero Benito Mercader, la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental dictada por Antonio Alvarado, la cual supuso su imputación por un presunto delito de prevariación. A pesar de haber transcurrido tres años, no se ha producido respuesta alguna desde el Gobierno Regional a la petición de la Asociación.

La respuesta que el Gobierno Regional ha transmitido al grupo socialista de la Asamblea Regional mostrando su intención de anular la reclasifición a través de la entrada en vigor del Plan de Gestión de la ZEPA es, para ambas organizaciones, la consecuencia lógica de las denuncias ante los tribunales y ante la Unión Europea. El Plan de Gestión fue elaborado en el contexto de un proyecto LIFE que contó con financiación europea y cuya aprobación era un compromiso de las autoridades regionales ante la Unión Europea. Las organizaciones se preguntan cómo es posible que el Consejero Bascuñana dictara una Orden de reclasificación de la Zerrichera, existiendo con anterioridad un Plan de Gestión que es utilizado ahora para justificar la anulación de la posibilidad de urbanización.

A juicio de las organizaciones, el Gobierno Regional se ha visto obligado a anular la reclasificación de la Zerrichera acosado por la presión de los Tribunales (tanto por la vía penal como por la vía contencioso-administrativa) así como por la Autoridades Comunitarias (antes las cuales ANSE interpuso una queja por violación del derecho

comunitario). Precisamente, el compromiso adquirido por la Comunidad Autónoma ante la Unión Europea para la aprobación del Plan de Gestión de la ZEPA, anulando el proyecto urbanístico, ha conllevado el archivo (hace pocos días) de la denuncia interpuesta por ANSE por incumplimiento del derecho comunitario.

Asimismo, ANSE y Ecologistas en Acción recuerdan al Gobierno Regional que la aprobación del Plan de Gestión de la ZEPA "Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope" no es el único compromiso adquirido en el ámbito de áreas protegidas, ya que existen un buen número de Planes de Gestion y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que se encuentran pendientes de aprobación a pesar de la obligación legal de desarrollarlos.