La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, denunció hoy el conflicto institucional que existe entre el Consejo de Gobierno y la Asamblea Regional, ambos presididos por el Partido Popular, a raíz de la petición de acceso a los expedientes de las subvenciones otorgadas por el Gobierno a Asolatines.
El GPS presentó hace dos años varia solicitudes de información para conocer los expedientes de subvenciones a Asolatines, organización que recibió en 2006 y 2007 numerosas ayudas públicas de la Comunidad Autónoma para aparentes proyectos de atención a emigrantes. Estas subvenciones se dieron por concesión directa sin concurrir con otras organizaciones a las convocatorias públicas.
Los responsables de Asolatines fueron detenidos y encarcelados, encontrándose imputados por diferentes delitos, entre los cuales se encuentra el de uso fraudulento de fondos públicos. Asolatines no formaba parte de la Mesa de la Emigración que negociaba con la Delegación del Gobierno y las ONG de atención a los emigrantes habían manifestado siempre las dudas y recelos al trabajo de esta organización, cercana a dirigentes del Partido Popular, y con la que el Gobierno regional había tenido especial atención.
Hay que recordar que su presidenta, ahora imputada, fue recibida en el Palacio de San Esteban por el presidente Ramón Luis Valcárcel, y por varios de sus consejeros, en reiteradas ocasiones.
Amparo a una diputada
En estos momentos hay abierto un conflicto institucional entre la Asamblea Regional y el Consejo de Gobierno, porque éste intentó en vano que el presidente de la Cámara reconsiderara el amparo que le dio a la diputada Lola Hernández para acceder a los expedientes. La Mesa se reiteró en el amparo a primeros de marzo y conminó al Gobierno regional a ejecutar las instrucciones que mandataban la Asamblea, en el sentido de que en el plazo de diez días se le facilitara el acceso a los expedientes. Esto no ha sucedido hasta la fecha, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista llevará el asunto a la Junta de Portavoces de la semana próxima, sin descartar que la propia Asamblea tenga que plantear acciones legales contra el Ejecutivo, de su mismo partido, para garantizar el trabajo de la diputada Lola Hernández.
