José Asenjo.

Madrid, 23 feb (EFE).- La dimisión esta mañana de Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia ha puesto fin a un mandato de dos años en los que se ha revelado como un auténtico "imán" de conflictos, hasta el punto de enfrentarse con absolutamente todos los sectores judiciales.

Y es que si Bermejo llegó al Ministerio con una misión clara, la de "meter en cintura" al Poder Judicial, que se había convertido en uno de los principales focos de oposición al Gobierno socialista, abandona este departamento no sólo sin haber conseguido su objetivo, sino con muchos otros frentes abiertos.

Así, la primera huelga de jueces de la historia de España o episodios como el de la cacería compartida con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sólo han venido a socavar aún más su imagen, ya muy dañada por sus enfrentamientos con el PP, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los propios trabajadores de la Administración de Justicia.

Su toma de posesión ya fue un síntoma de lo que se avecinaba: nada de discursos conciliadores, sino duras críticas al PP -al que acusó de no aceptar su derrota en las urnas y de trasladar al ámbito de la Justicia su labor de oposición- y a la "falta de legitimidad" del CGPJ.

Entonces, sin embargo, ese perfil "guerrero" era visto como un plus, y no como un inconveniente, en el Palacio de la Moncloa, y su nombramiento fue interpretado como una señal de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había decidido dar un golpe de timón y acabar con la etapa "pactista" -otros la llaman "blanda"- de Juan Fernando López Aguilar.

El panorama se prestaba a ello: el CGPJ había superado ampliamente el plazo previsto para su renovación y, merced a la mayoría conservadora, se había convertido en portavoz de las posturas del PP, emitiendo informes desfavorables a la mayoría de las leyes "sociales" del Ejecutivo -como la del matrimonio homosexual- o al proyecto de Estatuto de Cataluña.

La situación tampoco pintaba fácil en el Tribunal Constitucional, donde la recusación del progresista Pablo Pérez Tremps había inclinado la balanza en favor de los conservadores y amenazaba la viabilidad del texto estatutario, aprobado no sólo por el Parlamento autonómico y por el Congreso, sino también -en referéndum- por los ciudadanos catalanes.

La primera maniobra del nuevo ministro consistió en reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y prorrogar automáticamente el mandato de su presidenta, María Emilia Casas, restableciendo de este modo el equilibrio entre progresistas y conservadores, aun a costa de acentuar la inestabilidad en el seno del tribunal y de hipotecar su futura renovación, todavía pendiente.

Peor le fue en su empeño de trasladar al CGPJ la "mayoría social" emanada de las urnas: el órgano de gobierno de los jueces sí fue renovado el pasado mes de septiembre, pero sólo tras una negociación directa entre Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, que además consiguió retener una "minoría de bloqueo".

Así se llegó al llamado "caso Tirado": un CGPJ lastrado a ojos de los jueces por el perfil de sus vocales -muchos de ellos procedentes del mundo de la política- y por el hecho de que éstos no intervinieran en la designación de su presidente, Carlos Dívar, también pactada por Zapatero y Rajoy, tenía que decidir si mantenía o aumentaba la sanción a este magistrado.

Bermejo y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dieron por sentado que el nuevo CGPJ corregiría a su antecesor y suspendería al juez de Sevilla que no había ejecutado una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz, pero no fue así.

Ante una verdadera rebelión judicial por las "injerencias" políticas, el Consejo se limitó a confirmar la multa de 1.500 euros, aunque eso no bastó para apagar una mecha que ya había prendido en la magistratura: la protesta de los jueces no perdió impulso, sino que sumó adeptos y razones y llevó el pasado día 18 a la primera huelga de la historia de este colectivo.

También ahí demostró Bermejo que lo suyo no es la diplomacia y respondió al paro del 18-F diciendo que prohibiría las huelgas judiciales por ley.

Sólo 48 horas después, el Gobierno aseguraba que esa norma no está entre sus prioridades. Para entonces, ya se buscaba sustituto a Bermejo, el ministro sin mano izquierda. EFE