Murcia, 20 feb (EFE).- El policía detenido por la Guardia Civil en la operación por la que se ha desarticulado una banda que regularizaba inmigrantes de forma fraudulenta en la región de Murcia, ejercía como inspector jefe de la Oficina Única de Extranjería (OUE) de la capital murciana, según supo Efe de fuentes de la investigación.

En la operación, denominada "Huellas", y que se ha desarrollado durante seis meses, se ha imputado a un total de 38 personas de las que 21 han sido detenidas.

Las detenciones se produjeron el lunes 16 en una actuación que duró diez horas en las que se localizaron y detuvieron a los implicados en la trama, se realizaron cinco registros domiciliarios así como la incautación de numerosa documentación falsificada, que se continúa analizando, explicó hoy el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, en rueda de prensa.

Tovar explicó que entre los imputados hay seis empleados públicos, de los que tres son miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y dijo que uno de ellos quedó detenido aunque evitó facilitar cargo y nombre; otros dos pertenecen al cuerpo administrativo de la Policía (uno arrestado) y uno es ordenanza de la citada Oficina.

El Delegado explicó que la operación se inició en octubre a partir de varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil por particulares, organizaciones así como por la propia Oficina Única de Extranjería.

Las denuncias coincidían en supuestas prácticas irregulares en algunos de los trámites administrativos y, concretamente, en el área policial de la Oficina.

Las irregularidades se centraban en el proceso de estampación de la huella digital de los inmigrantes, así como en la expedición de tarjetas de trabajo y residencia, confirmó el Delegado quien agregó que algunos de las personas obtenían la documentación a pesar de tener causas pendientes con la justicia.

Según las declaraciones de González Tovar, la Guardia Civil determinó la existencia de dos grupos de personas que actuaban de forma estructurada, el formado por empleados públicos, que supuestamente realizaban los trámites fraudulentos a cambio de comisiones, y el que dirigía T.N., un ciudadano de origen marroquí con compatriotas, que estaba estructurado de forma piramidal.

En esta segunda trama se han realizado 14 imputaciones y 18 detenciones entre ellas la de T.N., que supuestamente mantenía las relaciones con el primer grupo y ejercía de enlace con los captadores de "clientes".

González Tovar señaló que "la actuación demuestra que tanto desde la Delegación de Gobierno como desde la dirección de la OUE se actúa con respeto a la legalidad y en defensa de la igualdad de trato a todos los ciudadanos extranjeros" así como el grado de colaboración con la Guardia Civil.

El delegado, que estuvo acompañado por el jefe de la OUE, Fulgencio Puche, dijo que sobre las medidas a adoptar con los detenidos e imputados se está a la espera de acceder al auto judicial, que ya podría dictar medidas provisionales.

Agregó de que en caso de que no fuera así, el auto será elevado a los órganos competentes, y detalló que, en el caso de los empleados de la Delegación del Gobierno es la subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, y en el de los funcionarios policiales a la Dirección General de la Policía.

Adelantó que según el Estatuto del Empleado Público, se podría acordar la suspensión provisional de funciones de los empleados públicos durante la tramitación del proceso judicial.

Rafael González Tovar agregó además que las tarjetas de residencia y trabajo serán anuladas para aquellos que incurrieron en ilegalidad y que si la anulación coloca a la persona en situación irregular, se le abrirá expediente de expulsión.

Además el director de la OUE, Fulgencio Puche, indicó que durante este tiempo la Oficina ha funcionado con normalidad y que se mantiene de forma permanente la colaboración tanto con la Inspección de Trabajo como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se trasladan las actuaciones que pueden parecer irregulares. EFE