Madrid, 18 feb (EFE).- Los jueces de una treintena de provincias y grandes capitales, como Madrid, Barcelona o Sevilla, están llamados hoy a secundar una "huelga nacional" convocada por la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), en una decisión inédita y sin precedentes.

La primera huelga de jueces en España en demanda de más medios humanos y materiales coincide con una protesta "simbólica" en todas las sedes judiciales convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), las dos asociaciones que no secundan el paro, y en Madrid además con la huelga de doce días de los funcionarios de Justicia.

La falta de antecedentes ha llevado a que hayan sido los propios magistrados los que fijen los servicios mínimos que consideran "fundamentales", después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renunciara a establecerlos al considerar que la protesta carece de cobertura legal.

Así, la jornada de huelga de 24 horas no afectará a las causas con preso, los casos de violencia machista, asuntos relacionados con menores, el internamiento de enfermos mentales y otros temas urgentes en materia civil, según ha establecido el Comité de Huelga Nacional constituido por las asociaciones convocantes.

Calcular el seguimiento de la huelga tampoco será sencillo, ya que -además de la convocatoria nacional de la AJFV, que con 520 asociados es la segunda en la carrera, y el FJI, con 264 asociados-, se tendrán que recabar datos de cerca de una treintena de provincias y capitales donde las asambleas de jueces decidieron llevar a cabo el paro el pasado día 21.

Éste el caso de los magistrados de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Almería, Huelva, Extremadura, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Girona, Tarragona, Zamora, Teruel, Cuenca, Ciudad Real, Pontevedra, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ibiza, Palma de Mallorca y la ciudad autónoma de Ceuta, entre otras.

A éstos hay que sumar también los jueces de grandes capitales como Madrid y Barcelona, donde el resultado de la huelga puede ser definitivo, ya que agrupan a una buena parte de la carrera judicial, y todo ello teniendo en cuenta que casi un 50 por ciento de los 4.860 jueces que hay en España no están asociados.

Todas estas circunstancias hacen imprevisibles las consecuencias de la protesta, que antes de ser efectiva ya ha desunido a la carrera judicial y ha provocado un amplio debate político y doctrinal sobre el derecho de huelga de los magistrados, aunque nadie niega que habrá un antes y un después del paro.

Hasta ahora, los intentos del Gobierno y del CGPJ por frenar el paro judicial han fracasado, pese a que ambos aseguran que, dejando a un lado la reclamación de mejoras salariales, muchas de sus peticiones son asumibles y la mayoría, entre ellas la implantación de la nueva Oficina Judicial, están ya en trámite parlamentario.

Tanto el Ejecutivo como el órgano de gobierno de los jueces coinciden en que la huelga, además de perjudicar a los ciudadanos, puede dañar la ya deteriorada imagen de la Justicia, mientras que los convocantes del paro esperan que la disposición al diálogo del Gobierno se materialice el día después del 18-F. EFE