El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, propuso hoy la creación de una plataforma para la defensa exclusiva del trasvase Tajo-Segura en la que estén representados partidos políticos, sindicatos y regantes con el fin de trasladar una posición "unitaria" en torno al mantenimiento de esta infraestructura.

En rueda de prensa, Pujante indicó que la citada plataforma debe incluir además a aquellas organizaciones que deseen formar parte de esta iniciativa, ya que el asunto del agua en la Región "ha traspasado el marco únicamente agrícola, porque hablamos de 120.000 puestos de trabajo que se verán afectados si se extingue ese trasvase".

A su juicio, "ya es hora" de llevar a cabo iniciativas que persigan los intereses de la Región de Murcia, frente a la actitud del Partido Popular, a quien definió como "defensor de una política demagógica sobre el agua puesta en marcha con el objetivo de conseguir beneficios electorales".

En este sentido, criticó la actitud de los dirigentes nacionales y regionales del PP por manifestar su "gozo y entusiasmo" tras la admisión de las enmiendas presentadas por el Partido Socialista para la extinción del Tajo-Segura, "en lugar de mostrar sensación de preocupación y rechazo ante esta decisión".

"El PP ha ignorado el principal problema de la agricultura, que radica en la comercialización de los productos. Las tres grandes multinacionales en materia de comercialización, Carrefour, Eroski y Mercadona, controlan la política de precios poniendo contra la espada y la pared a los agricultores de la Región y de España".

Pujante acusó al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, por "abrir la caja de Pandora" en materia hídrica, lo que ha servido, a su juicio, "para que otras comunidades autónomas como Aragón, Cataluña y Castilla La Mancha se hayan dado cuenta de los réditos electorales que supone el uso demagógico del agua".

Insistió asimismo en la importancia de crear una mesa institucional del agua en la que participen las comunidades afectadas por el trasvase Tajo-Segura, así como el Ejecutivo central, con el propósito de llegar a "un acuerdo satisfactorio desde el consenso, y en el que se resalte la necesidad de hacer un uso racional de ese bien".

Añadió que en Castilla La Mancha "también existe especulación urbanística y desarrollos irracionales", y apostó porque las regiones que salgan perjudicadas si se mantiene finalmente el citado trasvase sean compensadas por aquellas que han sido beneficiadas con esa decisión.

En el caso de que se extinga el Tajo-Segura, "el Gobierno de la Nación debería destinar el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supondría para la Región de Murcia 2.500 millones de euros anuales, para la puesta en marcha de una reorientación del modelo productivo de las comunidades afectadas".

No obstante, agregó que el acueducto Tajo-Segura es "positivo incluso para los intereses de Castilla La Mancha, porque se trata de una obra social, económica y medioambientalmente amortizada".