Las buenas impresiones que causó el nuevo Consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, se han desvanecido rápidamente. Las declaraciones en las que mostraba su disposición a establecer un diálogo para negociar aspectos que propiciasen la mejora de la enseñanza pública en la Región, han quedado en entredicho esta misma semana.
Uno de los asuntos comprometidos era el relativo a la oferta de empleo público en Educación. En la reunión mantenida hace unos días, el Director de Recursos Humanos, José María Martínez, dio por finalizado el encuentro con los sindicatos representativos de forma unilateral. En opinión de las organizaciones sindicales, y en clara contradicción con lo declarado por Sotoca, la Consejería de Educación acudió a dicha reunión sin voluntad de alcanzar acuerdos y con una propuesta calificada unánimemente de insuficiente, que, además, no da cumplimiento a los diversos compromisos anteriores de la Consejería con los sindicatos encaminados a mantener la tasa de interinidad por debajo del 7% de las plantillas docentes de la Región. Esta actitud es especialmente incomprensible si tenemos en cuenta que nos encontramos inmersos en el sistema transitorio de acceso a la función pública docente, que tiene como finalidad acabar con la precariedad laboral en el sector.
Éste no es más que otro síntoma del escaso interés con que aborda la Administración Regional todo lo relativo a la Enseñanza Pública. Daba la impresión de que el nuevo Consejero Sotoca quería emprender un cambio de rumbo a lo que había sido hasta ahora la actuación en materia educativa de los Gobiernos regionales del Partido Popular, más preocupados por autorizar proyectos de colegios concertados en zonas con dudosas necesidades de escolarización o en alentar a las asociaciones de padres objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Lamentablemente no ha sido así.
El Gobierno Regional tiene transferidas desde hace casi 10 años las competencias en materia de Educación y por tanto es el responsable en la gestión de todos los aspectos relacionados con la política educativa, incluido, por ejemplo, los elevados porcentajes de fracaso y abandono escolar, especialmente en la Enseñanza Pública. Tal y como el propio Gobernador del Banco de España afirmaba la semana pasada en una entrevista, la Educación es unos de los factores que deben ser atendidos de una forma prioritaria si un país quiere tener a medio y largo plazo unas perspectivas serias en todo lo relacionado con la productividad, en particular, y en general con las políticas económicas y sociales. Miguel Ángel Fernández Ordóñez llegaba a afirmar que la Educación es uno de los dos grandes problemas de España.
Nadie duda a estas alturas de que la Educación es el factor más determinante a la hora de garantizar a los ciudadanos el principio de igualdad de oportunidades. Y la Enseñanza Pública es el instrumento prioritario para ello. No parecen pensar lo mismo los gobernantes del PP, aunque en sus declaraciones e incluso en algunos compromisos, incumplidos muchos de ellos, afirmen lo contrario. En este capítulo no sólo podemos incluir a los gobernantes regionales, ya que varios ayuntamientos de la Región, gobernados por el PP, han realizado actuaciones que van más en la línea de apoyo a la Enseñanza Concertada que a la Pública. Buen ejemplo de ello es la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados o la privatización de la gestión de escuelas infantiles municipales construidas y dotadas con dinero público, tal y como ha ocurrido en Cartagena.
La declaración de buenas intenciones por parte de los gestores políticos cuando toman posesión de sus cargos es un lugar común. Si Constantino Sotoca quiere crear una opinión de credibilidad en torno suyo, debería acompañar sus declaraciones de hechos concretos que las avalen y certifiquen. Sus comienzos en este sentido dejan mucho que desear.
Rafael Sánchez Díaz
Responsable del Área de Educación de Unión Progreso y Democracia (UPyD) de la Región de Murcia.
