Madrid, 22 oct (EFE).- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha advertido hoy a los jueces de que sus críticas y mensajes a este órgano relativas a la sanción disciplinaria al juez de Sevilla Rafael Tirado "no ayudan a sentar ese respeto institucional que tanto demandamos".

"Lo que tienen que entender todos y toda la sociedad es que el Consejo, sin necesidad de que nos recuerden cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta antes de resolver, actuará dentro de nuestra responsabilidad, transparencia y obligación de cumplimiento con la Ley", ha añadido.

En una comparecencia para explicar la incidencia, ayer, de las protestas de jueces y secretarios judiciales por las sanciones impuestas a raíz del "caso Mari Luz" y las "presiones políticas" en torno a este asunto, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha exigido respeto institucional y que se les deje trabajar.

El CGPJ no se siente presionado, pero, ha subrayado, "no ayudan ni las declaraciones de los políticos ni todas aquellas manifestaciones en el ámbito corporativo que pretenden también lanzar mensajes al Consejo para que cuando tome una determinada decisión tenga en cuenta determinadas condiciones".

Un total de 46 magistrados del Tribunal Supremo han suscrito un manifiesto en el que tildan de "intolerables" las manifestaciones de "relevantes sujetos públicos" y afirman que para resolver el CGPJ tendrá que valorar la situación real de personal, medios y carga de trabajo del juzgado de Tirado.

Por su parte, los jueces de la Audiencia Nacional también han denunciado las "injerencias" de los responsables políticos por reclamar un aumento de castigo a Tirado, multado con 1.500 euros por no ejecutar una sentencia que condenaba por abusar de su hija al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

El paro de tres horas de los secretarios judiciales coincidió ayer con la celebración de juntas de jueces que fueron calificadas por el Ministerio de Justicia como una "huelga encubierta" que "multiplicó" los efectos de la protesta, aunque para el CGPJ no hay "motivo suficiente" para abrir una investigación "si no ha habido un perjuicio que pueda justificarla".

Bravo ha recordado que las juntas de jueces -en las que éstos acordaron reclamar más medios humanos y materiales- son el mecanismo previsto en la Ley para que los magistrados puedan tratar sus problemas y el CGPJ comparte dichas reivindicaciones.

No obstante, ha recordado que estos problemas "no son del presente, sino de hace muchos años".

Sobre la incidencia de las protestas llevadas a cabo ayer, Bravo ha indicado que, según los datos facilitados por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), el seguimiento en la Audiencia Nacional alcanzó el 78 por ciento, si bien no se suspendieron juicios, y la mayor incidencia se produjo en Andalucía y en La Rioja (del 96%).

Según ha explicado, la mayor parte de los juicios que se suspendieron ayer lo fueron debido al paro de los secretarios judiciales.

En Aragón hubo un seguimiento del 92%; en Asturias del 78%; en Baleares del 90%; en Canarias del 74%; en Cantabria del 80%; en Castilla y León, del 86%; en Castilla-La Mancha, del 76%; en Cataluña, del 64%; en Extremadura del 70%; y en Galicia del 85%.

Madrid registró un 90%, como Navarra, Murcia un 72%, el País Vasco un 80% y Valencia un 73%.-EFE