El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y el Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, firmaron hoy un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Murcia y la Fiscalía General del Estado, para establecer protocolos de actuación en materia de siniestralidad laboral y de situaciones de riesgo que “nos permita conseguir que los centros de trabajo sean seguros”, al tiempo que alcanzar “un mayor conocimiento, transparencia y colaboración mutua entre ambas administraciones”.
Este acuerdo, según dijo el presidente, afianza la política del Gobierno regional en materia de salud laboral, y recordó que “en la actualidad Murcia es la cuarta comunidad autónoma con menores tasas de siniestralidad laboral”, gracias a los planes de actuación que se pusieron en marcha hace unos siete años y que “abrió el camino en el descenso ininterrumpido de estos malos indicadores”.
“Hemos pasado de la idea a los hechos”, aseguró el presidente, y muestra de ello es la firma de este acuerdo, “que nos sitúa entre las primeras comunidades del país en establecer esta línea de trabajo”, así como la inminente puesta en marcha del IV Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales, consensuado con los agentes sociales y que supondrá la puesta en marcha de las medidas previstas en la llamada Estrategia Española, cuya aplicación compete a la Administración regional.
Para Valcárcel, las actuales estadísticas, “nos deben animar a seguir trabajando para mejorar el futuro, siendo conscientes de que la apuesta por la seguridad y salud laboral nos exige trabajar sin descanso, porque cada accidente laboral se traduce en un drama familiar y humano”.
El convenio firmado hoy permite lograr mejoras esenciales en la eficacia y el funcionamiento de ambas administraciones en esta materia, fundamentado en tres ejes: la información, la formación y la colaboración entre administraciones.
En primer lugar, se trata de un acuerdo a través del cual se promoverá el intercambio de información sobre situaciones de riesgo y siniestros graves o muy graves que puedan tener trascendencia judicial, estableciendo cauces de información fluida y recíproca sobre las infracciones en materia preventivo-laboral que puedan dar lugar a responsabilidad penal. También se impulsará la formación de los fiscales en cuestiones de seguridad y salud laboral, así como del personal con funciones preventivas de la Consejería de Empleo, en materia jurídico-penal.
Mayor fluidez en el intercambio de datos sobre accidentes graves
La consejería de Empleo y formación se compromete a comunicar con agilidad los casos de accidentes muy graves o mortales registrados, en los que existan indicios de delito, y situaciones de riesgo grave, al tiempo que la Fiscalía deberá enviar trimestralmente las diligencias judiciales y las investigaciones en trámite, así como las estadísticas de que disponga.
Todo ello, permitirá, por tanto, “una mayor fluidez de la comunicación entre ambas instituciones y un mayor conocimiento mutuo de la actividad que en materia de prevención desarrolla cada una de ellas”, aseguró Valcárcel.
Por otra parte, el presidente regional mostró su especial agradecimiento al trabajo realizado en este campo por los agentes sociales, empresarios y sindicatos. “Creo que es de justicia reconocer hoy la labor y el esfuerzo que todos ellos, porque a su interés debemos, en buena medida, la disminución progresiva del número de siniestros en la Región que nos sitúa entre las comunidades autónomas que más han reducido su tasa de siniestralidad en los últimos años”.
