Madrid/Murcia, 8 jun (EFE).- En la Región de Murcia y en la Comunitat Valenciana hay un guardia civil o un policía por cada 21 mujer maltratadas, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica.

El Ministerio del Interior dispone de un agente del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil por cada 15 mujeres que viven con una orden de protección por estar amenazadas por sus parejas o ex compañeros.

Según datos de Interior y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género recogidos por Efe, las diferentes unidades de ambos cuerpos policiales dedicadas a la prevención y persecución de la violencia machista suman un total de 1.622 agentes que deben atender y proteger a un total de 23.524 mujeres.

Si a estas cifras se le suman los datos de Cataluña y del País Vasco, donde la prevención de la violencia de género está encomendada principalmente a los Mossos d'Esquadra y a la Ertzaintza, el número de mujeres que viven con una orden de protección se eleva a 27.976.

El caso más llamativo es el de la Comunidad de Madrid, donde cada agente tiene a su cargo a 25 mujeres amenazadas; los de la Comunidad Valenciana y Murcia, donde hay un policía o guardia civil por cada 21 mujeres maltratadas y el de Canarias, con una proporción de 1 a 19.

En el otro extremo, llama la atención el caso de Castilla y León, con una ratio de uno a siete y Asturias, donde existe un miembro de las Fuerzas de Seguridad especializado en violencia machista por cada ocho mujeres que han sufrido malos tratos.

No obstante, según el Ministerio del Interior, los policías y guardias civiles disponibles para combatir la violencia doméstica se han duplicado en los últimos cuatro años y, en algunas comunidades autónomas, casi se han multiplicado por tres.

De las 126.293 denuncias presentadas el año pasado por violencia de género, sólo 27.967 acabaron con una orden de protección, lo que supone una de cada cinco.

Las mujeres se lo siguen pensando antes de acudir a la Policía, ya que sólo el once por ciento de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas.

La mayoría, casi 100.000, tuvieron como origen un atestado policial, y otras 13.000 fueron fruto de un parte de lesiones elaborado tras una agresión.

Entre las medidas cautelares que pueden derivarse de una orden de protección figuran la orden de alejamiento -23.487 decretadas en 2007-, la prohibición de comunicarse con la víctima -22.278-, la salida del domicilio -4.690-, la prisión preventiva para el agresor -1.794- o la suspensión de la tenencia y el uso de armas -4.111-.

La Guardia Civil, que actúa especialmente en las zonas rurales, cuenta con los EMUME (Equipo Mujer-Menor), que dispone de 525 efectivos, a los que hay que sumar otros once agentes destinados en Cataluña, tres en el País Vasco y nueve más en los servicios centrales.

Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tiene tres unidas dedicadas a la protección de las mujeres maltratadas.

Se trata de los SAM y los SAF (Servicios de Atención a la Mujer y a la Familia), que tienen en sus filas a casi 600 policías, y de la UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección) que dispone de algo más de 500 agentes. EFE