La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes ha recibido desde el día 14 de mayo, fecha en la que se publicó en el BORM el Decreto por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda en la Región de Murcia, un total de 547 solicitudes para calificar vivienda libre como vivienda protegida, según anunció hoy el consejero José Ballesta.
Ballesta consideró muy positivo este dato, “teniendo en cuenta que la Región de Murcia es la primera comunidad en aplicar esta nueva normativa en materia de vivienda protegida con el único objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda. En apenas dos semanas hemos recibido más solicitudes que en los últimos seis meses”.
Concretamente, de las 547 solicitudes recibidas en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, 29 son para calificar una vivienda libre ya construida como vivienda protegida, y el resto, 518 son solicitudes de nueva construcción, que proceden de todo el ámbito de la Región, como Molina de Segura, Murcia, Lorca, Torre Pacheco, Totana o Puerto Lumbreras.
Al respecto, Ballesta recordó que el decreto regional pretende, por un lado, calificar viviendas libres individuales, bien que estén en construcción, bien que lleven finalizadas un año; y, por otra parte, calificar promociones completas de viviendas que estén iniciadas como libres.
El decreto también regulaba otras actuaciones en materia de vivienda protegida como el alquiler con derecho a compra o la actualización de los módulos y las áreas geográficas. El precio que como máximo puede llegar a costar el metro cuadrado de superficie útil de una vivienda protegida de nueva construcción según el área geográfica oscila entre 600 y 1.500 euros.
Este fue uno de los temas tratados ayer en la primera reunión celebrada entre el consejero José Ballesta, y la nueva ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, a la que también solicitó la inclusión en el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012, anunciado por el Ministerio, y mayor flexibilidad para poder adecuar los requisitos del mismo a las necesidades socioeconómicas de cada comunidad.
También pidió que se incluya la atención específica a las necesidades de las personas con discapacidades, ante lo que Ballesta señaló que “hemos solicitado una rebaja del mínimo de percepción salarial necesario para recibir ayudas, que actualmente está en 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efecto Múltiples, y pedimos que se rebaje a 0,75, dado que muchas de estas personas no suelen alcanzar el nivel básico de ingresos que se requiere para acceder a una vivienda protegida”.
Ballesta destacó la necesidad de que estos planes puedan tener en cuenta las necesidades de cada comunidad autónoma “puesto que nosotros, en Murcia, detectamos que las mayores líneas de demanda están en las solicitudes de ayudas para rehabilitar viviendas, ayudas para el arrendador y ayudas para el inquilino”.
