En España se nota que, desde el poder ejecutivo se pone en tela de juicio, cualquier decisión judicial que no está en concordancia, con los deseos de los dirigentes políticos del partido gobernante. Los políticos están sujetos a las leyes, al igual que el resto de los ciudadanos. Y si existen indicios de conductas irregulares o constitutivas de delito, los jueces deben intervenir investigando de manera minuciosa, rigurosa y objetiva. Partiendo de la presunción de inocencia de los imputados o investigados, a partir de indicios evidentes e incontestables. En los sumarios de los magistrados, las cuestiones investigadas se expresan y plasman de modo escrito, con todo lujo de detalles comprobados y verificados. Es indiscutible. Los hechos no se pueden negar. Las pruebas tampoco se pueden rebatir o negar. La separación de poderes no es algo cuestionable y relativo. En realidad, es lo que permite de verdad que el Estado de Derecho sea real y no una simple ficción. La propia constitución española puede ser objeto de reforma, aunque con unas exigentes condiciones.
En todo caso, lo que no admite discusión es que la interpretación literal y objetiva es la válida. No se puede incumplir ningún artículo de la Constitución, ya que es el primer paso para relativizar e ignorar, lo que establece el propio texto constitucional. Se está observando en la política española que, si las decisiones judiciales señalan posibles delitos o irregularidades, los jueces reciben o sufren críticas excesivas, que no respetan la independencia y la competencia profesional de los magistrados. No se debe tratar de negar lo evidente, desde una perspectiva objetiva y rigurosa. Un delito lo es independientemente de la persona que lo cometa. Pero, parece ser que no es así, para la élite de una parte del poder político. La fuerza del gobierno central es muy grande y eso está bien, en principio, siempre que no se niegue y tergiverse la realidad evidente de las cosas y los hechos. Los líderes políticos o los altos cargos pueden tener errores o haber cometido irregularidades, sin ser conscientes de las mismas. Lo que sucede es que eso no les exime de responsabilidades judiciales, si así lo establecen sentencias, ya que el cumplimiento de las leyes y normas obliga a todos, incluido el presidente del Gobierno. Es así de simple y categórico. También se pueden plantear responsabilidades políticas, ya que en toda democracia deben tratarse por igual, todos los casos de tráfico de influencias o malversación de fondos y otros delitos similares. El poder no da patente de corso para hacer lo que se quiera, justificando con falsa verborrea lo que se ha hecho, para tergiversar lo que todo el mundo ve como algo irregular o delictivo, menos los que lo han hecho y que son apoyados por el aparato del partido.
Lo que no puede ser es que las ansias de permanecer en el poder justifiquen, el no reconocimiento de la verdad y de los hechos probados. Incluso pedir disculpas por los errores e irregularidades, sería una forma magnífica de respetar los valores éticos, que sustentan el orden jurídico del Estado español. Esto mismo podría ser suficiente, pero no se quiere hacer, por el prestigio del partido y por la posible repercusión en las urnas. Considero que los políticos que ejercen tareas de Gobierno deben ser valientes.
Un caso paradigmático, en este sentido, es D. Emiliano García-Page, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Está realizando una actividad de gobierno extraordinaria y es un ejemplo de cómo se debe defender lo que establece la Constitución, en todos los aspectos.
Además, el Consejo General del Poder Judicial que es el encargado de garantizar la independencia de los jueces, ha sido objeto de disputas o discusiones entre los principales partidos, que pretenden influir en su composición. Como es evidente, esto implica una instrumentalización del poder judicial que propicia la politización de la justicia, con la intención de que las decisiones y sentencias favorezcan los intereses del poder gobernante, en cada legislatura. Esto rompe o elimina la separación de poderes de una forma indiscutible, poniendo la justicia al servicio del poder ejecutivo.
Si se cuestionan las decisiones judiciales y se ignoran las resoluciones de los tribunales se está debilitando la legitimidad del sistema democrático. Modificar la estructura del poder judicial, en función de los intereses partidistas, no es ético ni tampoco justo. La imparcialidad de los jueces es el bien principal del sistema judicial de cualquier país. Es lo que corresponde. No debe haber favoritismos y planteamientos interpretativos sesgados de las leyes, en función de criterios de conveniencia política. Los jueces pueden tener la ideología que consideren, pero sus sentencias deben ser imparciales, objetivas, coherentes y ajustadas a derecho. De este modo, ante la evidencia no se pueden realizar interpretaciones forzadas de las leyes y lo digo con el máximo respeto a los jueces. Confío plenamente en la justicia y estoy convencido de que no se debe politizar, para que pueda ser independiente de toda influencia política, ya que eso produce arbitrariedad sin ninguna duda.
