Las viviendas sociales, también conocidas como viviendas protegidas, son aquellas que tienen un precio inferior al del mercado y están destinadas a personas y familias con recursos limitados, estas, ofrecen una oportunidad para acceder a una residencia digna y estable.
Estas viviendas, deben de ser la residencia permanente de sus ocupantes y no pueden utilizarse como segundas residencias, además los inquilinos deben de estar empadronados en la comunidad autónoma donde se encuentre la vivienda y estas no pueden transferirse libremente, por lo general, existe un periodo durante el cual no se puede vender o alquilar nuevamente, en un periodo entre 10 y 30 años más o menos.
Este tipo de viviendas sociales pueden recibir ayudas en forma de prestamos o subvenciones, pero lamentablemente, España tiene menos de una vivienda por cada 100 habitantes, esto nos sitúa en uno de los últimos puestos de la Unión Europea, en términos de viviendas protegidas. La construcción de este tipo de viviendas ha estado en mínimos históricos durante las últimas décadas, este tipo de hogares garantizan que todos tengan acceso a una vivienda digna, es por ello tan importante construir muchas viviendas sociales para reducir la brecha entre quienes pueden comprar o alquilar una vivienda y quienes no.
Tener un hogar estable contribuye a la estabilidad social y emocional de las personas y sus familias, al mismo tiempo ayudan a prevenir la exclusión social, además su construcción genera empleo y estimula la economía local, también la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo la emancipación de los jóvenes y fortaleciendo la cohesión social.
La construcción de más viviendas sociales es una necesidad muy urgente en España, es una inversión en el bienestar de la sociedad en conjunto.
En España, se requieren políticas integrales y sostenibles:
· El gobierno debe de aumentar la inversión en la construcción y mantenimiento de viviendas sociales, esto podría incluir la creación de un fondo específico para este propósito.
· Fomentar la colaboración entre el sector público y el privado para desarrollar proyectos de viviendas sociales.
· Incluir incentivos fiscales para las empresas que participen en estas construcciones de viviendas asequibles.
· Implementar regulaciones más estrictas sobre los precios del alquiler para evitar la especulación y garantizar que las viviendas sean accesibles para todos.
· Identificar y rehabilitar viviendas vacías o en mal estado, al igual que edificios construidos y en un momento determinado abandonados sin uso alguno y convertirlos en viviendas sociales, esto podría ser parte de un plan de revitalización urbana.
· Priorizar a grupos, como familias monoparentales, personas mayores o con discapacidad en la asignación de las viviendas sociales.
· Integrar la construcción de estas viviendas en los planes urbanísticos desde el principio.
Es una combinación de políticas que aborden la inversión, la regulación y la colaboración entre todos los sectores que pueden contribuir a mejorar la situación que en estos momentos se atraviesa en España.
CONCHI BASILIO
