El pasado 15 de junio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba a bombo y platillo el denominado Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, un plan con cinco pilares básicos y un presupuesto de 3.750 millones de euros. De éstos, 2.690 millones serán destinados a impulsar la competitividad y la sostenibilidad que se dirigirán a mejorar las condiciones de los préstamos del Plan de reindustrialización y avales para la financiación de vehículos comerciales e industriales. A estas medidas, desde el punto de vista del sector del transporte, decir que las considera positivas y necesarias.
Pero por si esto no fuese suficiente, para mejorar la competitividad en la logística del transporte por carretera e impulsar la eficiencia del mismo, se plantea una modificación de pesos y dimensiones de los camiones, que, si no se remedia, pasarán de 40 a 44 toneladas de MMM y de 4 a 4,5 metros de altura, en mayo de 2021 y todo ello sin que le cueste un euro a las arcas del Estado o a la Unión Europea y, por consiguiente al ciudadano de a pie.
Y esto se ha decidido unilateralmente por el Gobierno sin contar con el conocimiento del sector al que se había garantizado que esta medida no se adoptaría si no nacía del consenso entre transportistas y cargadores, consenso que no ha habido por cuanto hay otros temas sobre la mesa demandados por el sector del transporte que afectan a los cargadores y de los que éstos no quieren saber nada.
Esta concesión se adorna de términos como eficiencia o reducción de las emisiones contaminantes y de CO2 sin que se haya analizado la repercusión de dicha medida sobre el sector y de si realmente se conseguirán los beneficios anunciados.
Sobre la eficiencia pregonada tendríamos que decir que el sector no cree que esto sea así y lo ha argumentado con razones de peso.
Un camión que transporta cuatro toneladas más y con una superficie frontal incrementada en un 12,5 % necesariamente consume mucho más, tiene mayores desgastes y, por si fuera poco, produce unos daños en las infraestructuras mucho mayores, al margen de la seguridad vial que se vería seriamente afectada.
Así que desde el punto de vista del transportista no existe eficiencia alguna. Pero ¿y desde el punto de vista del cargador o cliente? Pues sin lugar a dudas sí. El cargador o cliente conseguirá reducir sus costes, ya que, por el mismo precio o por menos – porque el incremento de dimensiones provocará un aumento de la oferta- podrá transportar más toneladas.
¿Y los daños en las infraestructuras, quienes los pagarán? Respuesta: el transportista.
Ser eficiente a costa de hacer asumir mayores costos al transportista, parte débil de la cadena logística, es algo a lo que el mercado nos tiene acostumbrados.
Que al cargador o cliente se le disparan los costes de manipulación de las mercancías en personal, salarios y responsabilidad, pues se los traslada al transportista y, por el mismo precio que venía pagándole a éste, ahora le exige que su conductor también cargue o descargue el camión cuando llegue al almacén y que, además, le clasifique la mercancía recibida. Vamos, un chollo.
Que al cargador o cliente, le pagan los productos que fabrica o comercializa a 60 días, pues se paga al transportista a 90 –cuando legalmente debe hacerlo a los 30- y reduce sus costes financieros mientras que al transportista se le disparan.
Que sube el gasoil, al cargador o cliente es prácticamente imposible hacerle comprender que el transportista tiene que subir en la proporción adecuada el precio del transporte. Ahora, si baja, de inmediato el transportista tiene que apretarse el cinturón y bajar de inmediato el precio pactado.
Que el cargador o cliente carecen de las instalaciones adecuadas o personal suficiente para hacer frente con la agilidad necesaria en las labores de carga y descarga para que el transportista pierda el menor tiempo posible, pues no pasa nada, que el camión espere el tiempo que sea necesario porque estas esperas le salen gratis.
Y así podríamos seguir enumerando los abusos a los que se somete al sector todos los días.
Pues el sector, en base a conseguir una mayor eficiencia, lleva pidiendo muchos años que estos desequilibrios se corrijan, y para ello, solo hace falta una modificación normativa, sin que las arcas del Estado se vean penalizadas por ello.
El gobierno acaba de reconocer con motivo de la pandemia, que el transporte de mercancías es un sector esencial y ha agradecido públicamente el sacrificio y esfuerzo realizado para que no hubiese desabastecimiento de productos esenciales y no esenciales.
Presidente Sánchez: a un sector esencial y estratégico hay que cuidarlo y atender sus justas reivindicaciones, no darle palmaditas en la espalda y acto seguido olvidarse de que existe, no le eche ahora la culpa de las consecuencias que puede traer este ninguneo. Solo usted y el señor Ábalos son los responsables.
Manuel Pérezcarro Martín | Secretario General FROET
