La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética deja a un solo paso a empresas y administraciones de adaptar sus políticas ambientales a los nuevos requisitos de emisiones atmosféricas. El cambio climático es el gran desafío del Siglo XXI. Las consecuencias del ascenso de las temperaturas a nivel global son cada vez más evidentes y todos los países deben de posicionarse bajo una estrategia que reduzca y compense sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). España, tras el envío a las cortes el pasado mes de Mayo del primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pretende definir el modo de actuación para conseguir un país neutro en emisiones para 2050, fijando por ley sus objetivos nacionales de reducción del 20% emisiones de GEI respecto a 1990 para el año 2030.
Si queremos paliar el calentamiento global tenemos que empezar a actuar desde todos los niveles: Estatal, local, empresarial y personal y para comenzar nuestro avance debemos conocer en primer lugar qué impacto genera nuestra actividad en toneladas equivalente de CO2. Como avance, ya tenemos fecha para esto y es que desde el 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos los planes de energía y clima que tienen en funcionamiento.
Baleares es una de las primeras CCAA del país en instaurar una ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde febrero de 2019, que incluye la obligatoriedad de que empresas e instituciones controlen su Huella de Carbono, a través de un “Registro Oficial de Emisiones”.
Esta premura viene determinada por el hecho de que España es un País muy vulnerable a los efectos del cambio climático como la desertificación y nuestra economía puede verse seriamente afectada en un futuro si no se toman las medidas necesarias.
Ésto crea un escenario muy abierto en el cual las empresas deben adaptarse, sus políticas de medio ambiente deberán incluir como necesarias las mediciones de sus emisiones de CO2, ya sea del impacto de su actividad, de sus sedes, o a través de la creación de productos más ecológicos (productos verdes) cuya cadena de suministro sea adecuada desde el punto de vista ambiental, o mediante acciones novedosas como el promocionar mediante comunicación sostenible el hecho de que han calculado la huella de carbono, han reportado los datos para obtener un certificado ambiental en este ámbito, participando, o creando proyectos propios de compensación de sus emisiones.
El proyecto de ley está enfocado a la cooperación entre las administraciones y así lograr los principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia y precaución entre otros. La ley abarca mucho más y recoge, entre otros puntos, la inversión en energías renovables, movilidad sostenible, descarbonización y la creación de sumideros forestales que sirvan para guiar a nuestro país, a través de los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEIC) y en un nuevo marco retributivo para la generación renovable (basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía), hacia unas emisiones más bajas que partan de un modelo de eficiencia energética sostenibles y con una sociedad concienciada en los efectos ambientales de las actividades humanas.
¿Qué deben hacer las empresas para adaptarse a esta nueva ley?
La descarbonización supone un gran hito para la industria de todos los países. Nuestro sistema económico está basado principalmente en la quema de combustibles fósiles, uno de los principales agentes causantes del calentamiento global. Una de las medidas que se plantean es la desinversión en todos los productos energéticos que tengan un origen fósil a la vez que se aplican nuevos beneficios fiscales a las empresas que trabajen en esta labor.
Tal y como está planteada la Ley y no perdiendo de vista el objetivo de la neutralidad en emisiones para 2050 parece evidente pensar que no solo las grandes empresas van a tener que calcular y compensar su huella de carbono, tal y como está ocurriendo en Baleares. Si queremos conseguir los objetivos, las administraciones y empresarios de cualquier tipo y tamaño tendrán que trabajar para tener su propio inventario de huella de carbono y a través de los datos que se obtengan poder desarrollar tanto proyectos que reduzcan sus emisiones como otros que absorban las que no se pueden dejar de emitir (sumideros).
Y es que es lógico pensar que para reducir el cómputo global de emisiones en primer lugar debemos de saber cuánto contaminamos y llevar a cabo acciones de reducción y compensación de las mismas. En este sentido, el estudio, medición, reducción y compensación de huella de carbono para las empresas que no están recogidas en el anexo I de la Ley 1/2005 que regula el comercio de derechos de emisiones es la mejor alternativa.
Tener cuantificado el CO2 que se emite, ya no solo a nivel institucional sino a nivel de mejora de servicios, productos y líneas productivas, da pie a la aplicación de los beneficios recogidos en la ley en cuanto a proyectos de mejora energética, reducción y absorción de emisiones y es la mejor medida que se puede tomar para aplicar la Ley y ayudar a conseguir que España sea un país neutro en emisiones. En este orden de cosas, las Administraciones Públicas incentivarán la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono a la vez que se promueve y generan nuevos empleos relacionados.
En definitiva, la lucha firme contra el cambio climático ha comenzado y es momento de posicionarnos a favor del medio ambiente, sin dejar de lado los nuevos beneficios económicos que derivan de esta ley. Tanto empresas de cualquier tamaño como administraciones deben dar un paso adelante y adaptarse para hacer frente a una transición energética justa, utilizando las herramientas disponibles para el cálculo y reducción de emisiones en las que en Green CO2 estamos especializados.
