Las playas de Andalucía durante esta temporada contarán con la figura del Vigilante de Playa; según la Junta de Andalucía se contratarán cerca de 3000 personas para vigilar todo el litoral andaluz.

Desde mi opinión, la primera acción que tendría que haber llevado la Junta antes de sacar este servicio, es sacar a concurso o licitación el mismo. Estamos hablando de una inversión de 23.3 millones que salen de las arcas públicas, por lo que esta partida de dinero tendría que estar bien gestionada y no dilapidada de cualquier forma, dando lugar a que esta inversión sea lo más rentable para el conjunto de los andaluces en general. No tenemos que olvidar que nuestros vecinos del norte de Europa no quieren que se nos financie sin que antes se nos imponga una serie de ajustes y peticiones.

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, en unas declaraciones vertidas en varios medios de comunicación expuso que, estos vigilantes de playa serían auxiliares de las Policías Locales y que las labores de este personal se acogerían siempre a las disposiciones legales y tras ser preguntado sobre cuáles serían estas, contestó que entre ellas se encuentran las de controlar y asegurar la seguridad de los bañistas para que se respeten los aforos y la distancia social en los más de 1000 kilómetros de costa.

Estas medidas que se van a tomar, según Moreno van encaminadas a defender la imagen y reputación del sector turístico garantizando a los ayuntamientos, recursos humanos suficientes para ordenar y planificar el disfrute de las vacaciones estivales, tanto a los andaluces como a los turistas que acudan a nuestro país.

Es bastante notorio que nuestros políticos están muy lejos aún de aprender que todo lo relacionado a la seguridad integral de las personas tiene que recaer en manos expertas y cuando hablamos en estos términos, nos queremos referir a que esta parcela debe ser gestionada concretamente por directores de seguridad y no por nadie que no cuente con la adecuada acreditación ni habilitación, porque hay que diferenciar entre vigilar y ofrecer seguridad.

Algo en lo que la Junta de Andalucía no ha pensado es que aparte de incumplir con la Ley de Seguridad Privada, tiene que invertir un dinero (que no tiene) en formar a gente sin formación ni experiencia, ni acreditación. A la hora de sancionar a una persona requerirá la presencia de un policía, por lo que la figura en sí, no es válida ni eficiente. De hecho, no hay actualmente efectivos policiales suficientes para atender las demandas de toda la población, así que no es muy lógico poner a estas personas a realizar estas labores, mientras que, existen vigilantes adecuadamente habilitados que se encuentran desempleados en este momento. La figura idónea para realizar este servicio es la del agente de seguridad privada, primero porque no hay que formarlo ya que ya lo está, por otro lado porque ya está familiarizado con estas situaciones, otra razón es porque con la sola presencia de estos agentes se evitan muchos altercados. Ellos son la primera línea de actuación sin la necesidad de que un policía se encuentre presente, liberalizando a este policía para poder actuar en otras cosas prioritarias. Ofrecen un servicio de calidad con todas las garantías jurídicas, porque no hay que olvidar que ante cualquier intervención estos agentes de seguridad privada están amparados por la Ley de Seguridad Privada 5/2014. Las empresas tienen seguros de Responsabilidad Civil con los que garantizan los riesgos de las actuaciones de estos agentes.

Con esta partida de 23,3 millones se podrían sacar varios lotes y contratar a empresas de seguridad privada punteras y en los pliegos de condiciones exigirles los mejores medios técnicos además de tener bien pagados a los mejores profesionales de este sector.

José Antonio Carbonell Buzzian, asesor de Seguridad