EL Real Decreto emitido por nuestro Gobierno debido al COVID-19 incluye una serie de limitaciones para la libertad de movimiento de los ciudadanos; esta resolución establece los dispositivos de seguridad fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos, como en la red de transporte y en particular en aquellos lugares o franjas horarias, donde se puedan ver afectados por restricciones que se acuerden para asegurar las medidas limitativas de la libertad..

Este Real Decreto aborda también a las Policías donde deben prestar su apoyo respecto a las medidas garantizadas al suministro alimentario y de otros bienes y servicios, además de garantizar el normal funcionamiento de las infraestructuras críticas. En estos momentos tan difíciles, hay que pensar en no cargar con tanto trabajo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y confiar en el personal cualificado, como son los agentes de seguridad privada. Ahora hay que dejar de lado viejos resquicios del pasado y arrimar el hombro entre todos para aunar fuerzas. Hay que hacer uso de todos los recursos disponibles y los agentes de seguridad privada españoles están considerados como los más preparados de toda la Unión Europea. El Gobierno debe tener hacia estos profesionales un trato preferente y deferente y contar con este colectivo, con las herramientas suficientes para evitar contagios, como guantes y mascarillas, ya que están presentes en hospitales, estaciones, supermercados, etc.

Así que muchas de las labores que se le está asignando a nuestra Policía que podrían perfectamente realizarlas estos profesionales de la seguridad porque no hay que obviar que la delincuencia sigue en nuestras calles y que nos encontramos ante un nivel cuatro de alerta terrorista. El Gobierno tiene la obligación de garantizar que las medidas que toma tienen que ser acordes a los tiempos que vivimos y sin perder de vista al foco pandémico del COVID-19, no debemos bajar la guardia y tener presente el pasado para no olvidar el daño ocasionado.

José Antonio Carbonell Buzzian