El pasado 23 de diciembre, la Asamblea Regional de Murcia, Parlamento Autonómico, aprobó, con los únicos votos a favor del grupo parlamentario popular, una “Ley de Medidas Extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Esta ley, promovida por el Gobierno regional, fue presentada como proposición de ley por el Partido Popular el día 22 de diciembre y tramitada de manera urgente y sin posibilidad de discusión ni presentación de enmiendas. Su presentación se produce tan sólo dos días después de que el mismo órgano legislativo aprobase los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia (en adelante CARM) por lo que, dado su contenido, en la práctica es una enmienda, o autoenmienda, a la totalidad de dichos presupuestos, que pasarán a la posteridad como los más efímeros de la historia constitucional española.

La Ley, cuya justificación se ampara en la exigencia de control del déficit de las cuentas públicas comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, supone un durísimo recorte a las condiciones de trabajo, salariales, sociales y de representación, de los cerca de 60.000 empleados públicos de la Región de Murcia; y que repercutirá directamente en una merma de servicios públicos sobre todo en las áreas de educación, sanidad y políticas sociales.

La norma aprobada por la Asamblea Regional murciana supone, en el grueso de su contenido, la derogación de todos los acuerdos y pactos en materia de relaciones laborales suscritos por la CARM desde… el año 1998, hasta la actualidad. No solamente se reducen sensiblemente las percepciones salariales: 75 euros/mes para todos los docentes de los niveles no universitarios, 10% de reducción de los complementos de turnicidad para los empleados del Servicio Murciano de Salud… reducción que viene a sumarse al recorte del 5% fruto del Decreto Ley 8/2010 del Gobierno de Zapatero, sino que se producen también recortes en prestaciones sociales ligadas al Plan de Acción Social (complementos de seguros médicos, ayudas a estudios, etc), una reducción del 25% del salario desde el primer día de baja médica, la ampliación de la jornada de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales, y una drástica reducción de los créditos horarios por representación de los trabajadores, en la línea de lo iniciado por la “lideresa” madrileña, Esperanza Aguirre.

Se impone de esta manera un auténtico “estado de excepción laboral”; asistimos, no sólo a un ataque frontal a los derechos laborales, sino una auténtica aniquilación del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.

El atraco contra el sector público murciano perpetrado por el Gobierno del Partido Popular sitúa en primer plano y desvela las intenciones y estrategias de los “populares” para hacer frente a la crisis. El Gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel, un político mediocre cuyo único mérito ha sido sacar rédito político de los deméritos de la oposición, apoyándose en el crecimiento económico regional de la última década, cuyas bases se hunden (y se han hundido) en la especulación urbanística y en un “nacionalismo hídrico”, planteado como enfrentamiento con otras comunidades y con la bandera del trasvasismo como todo argumento, ha puesto, al igual que el Gobierno central, a los empleados públicos en el centro de la diana, convirtiéndolos en paganos de la crisis.

El “milagro murciano”, que en la década 1996-2006 hizo que el PIB de la Región creciese por encima de la media nacional, se ha venido abajo como un castillo de naipes, sin que el Partido Popular, con una mayoría absoluta insultante (más de 30 puntos por encima del PSOE), sea capaz de alumbrar nuevas estrategias para construir unos cimientos más sólidos para la economía regional.

El Partido Popular de la Región de Murcia ha tomado la decisión de que sea el personal del servicio público dependiente de la CARM quien pague, con recortes salariales y de derechos básicos, los platos rotos de la mala gestión del Gobierno; una gestión presidida por proyectos megalómanos (la única provincia española con dos aeropuertos, uno de ellos en construcción y otro, San Javier, infrautilizado.), y con unos presupuestos , desde 2009, ficticios y tramposos.

El Presidente Valcárcel y su Gobierno han pretendido presentar la Ley como unas medidas coyunturales, pero la derogación planteada de los acuerdos supone automáticamente que quedan excluidos del ordenamiento jurídico, tratándose por tanto de una medida definitiva e irreversible, asumiendo la Asamblea Regional una capacidad derogatoria de la vigencia de tales pactos que es una extralimitación en el título competencial del que dispone la CARM para ordenar la función pública.

Se vuelve a acudir a lo fácil, exprimir al personal público, buscar el enfrentamiento entre ciudadanía y empleados públicos, permitir el deterioro de los servicios públicos de educación, sanidad y políticas sociales, en vez de buscar otras vías, otras alternativas. Sabemos, y no es un descubrimiento, que el dictado de los mercados marca la estrategia.

Murcia, al igual que Madrid, Galicia, Valencia, pueden estar constituyéndose en laboratorios de experimentación de la “estrategia popular”, esa que se calla, pero que poco a poco va abriéndose paso de la mano del campo allanado por el Gobierno central. La lógica que impera en la política del presidente Valcárcel es la misma que la que arguye Rodríguez Zapatero para imponer nuevos recortes en materia de pensiones y negociación colectiva, que se suman a una Reforma Laboral que sigue facilitando el despido y consagrando la temporalidad.

Tras la aprobación de la Ley, en incluso el día antes, miles de empleados públicos se han echado a la calle en unas movilizaciones masivas, y algunas espontáneas, que han llegado a reunir en la capital murciana a más de cien mil personas en las seis manifestaciones que hasta ahora se han realizado. Un movimiento que de momento cuenta con la conjunción de todas las fuerzas sindicales con representación en el sector público murciano. Un movimiento que, de seguro, se tratará de desquebrajar, pero que debería imponer el beneficio de todos ante el particular de cada organización.

La senda emprendida por el Gobierno regional murciano, y por el central, puede significar un camino de no retorno que termine consolidando la destrucción de todas las redes de protección social y de servicios públicos que tantos años tardó en construir nuestro país.

La salida de la crisis, lo hemos dicho hasta la saciedad, no puede pasar por destruir tejido social, derechos sociales y laborales, por renunciar a conquistas que han costado décadas de lucha, por retroceder en derechos. Es necesaria una salida que identifique claramente a los responsables de la misma y que se afronte desde una perspectiva social y progresista.