La Sala de Justicia de este Tribunal ha descartado que exista responsabilidad contable en la operación de crédito por valor de 16,3 millones procedentes del patrimonio municipal del suelo que el Pleno aprobó en 2018 para hacer frente importantes proyectos en la ciudad y pedanías

El Tribunal de Cuentas ha desestimado la denuncia contra el Ayuntamiento de Murcia por el destino de los fondos que recibió de los aprovechamientos de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio.

En un auto dictado recientemente, la Sala de Justicia de este Tribunal ha ordenado el archivo de una denuncia presentada por el PSOE y ha descartado la existencia de responsabilidad contable por la operación de crédito de 16,3 millones de euros procedentes del patrimonio municipal del suelo aprobada por el Pleno de la Corporación, si ningún voto en contra, el 31 de mayo de 2018.

Esta cantidad sirvió para financiar importantes proyectos para la ciudad y pedanías, así como para el cumplimiento de las obligaciones del Consistorio en el préstamo participativo a la Sociedad Murcia Alta Velocidad para las obras del soterramiento de las vías del AVE, lo que a juicio del Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas son "usos de interés social".

La Consejera de Cuentas que ha tramitado las diligencias considera que la denuncia del PSOE, que pedía responsabilidades patrimoniales personales para ediles del Ayuntamiento, "no pone de manifiesto la existencia de un daño real y efectivo en los caudales del Ayuntamiento de Murcia, ya que no se ha alegado ni acreditado que los fondos del patrimonio municipal del suelo se hayan destinado a una finalidad distinta de la legalmente prevista".

Un parecer similar manifestó el Ministerio Fiscal en el informe que realizó para la causa, donde indicó que "no se puede concluir que se haya producido un perjuicio o menoscabo a los caudales públicos, ya que lo que se produce es un desplazamiento patrimonial en el seno de un ente público que destina unos gastos cuyo fin es esencialmente la financiación de actuaciones de vivienda pública y otros fines urbanísticos específicos, que entrarían dentro de lo que denomina el Plan General de Ordenación Urbana, a otros usos de interés social".

El Tribunal de Cuentas dio traslado el 6 de julio a la Fiscalía y el Ayuntamiento del expediente abierto tras la causa socialista. El 17 de julio, el Ministerio Público elaboró su contundente informe pidiendo el archivo. El 20 de julio, el Ayuntamiento presentó sus alegaciones. El sobreseimiento definitivo llegó a finales del mes de julio.  

Además, el archivo de la causa en el Tribunal de Cuentas se suma al sobreseimiento decretado por la Fiscalía Superior de la Comunidad, en marzo de 2023, de la denuncia presentada un mes antes por el partido político Podemos por el mismo asunto. El Ministerio Público ha descartado la existencia de responsabilidad penal.