Las plataformas denuncian una campaña de persecución para dificultar la convocatoria de la manifestación contra el Plan de Movilidad

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La Policía Local amenaza con multas de hasta 6.000 euros a los vecinos para impedir la pegada de carteles y los anuncios de la marcha por megafonía

Las plataformas denuncian una campaña de persecución para dificultar la convocatoria de la manifestación contra el Plan de Movilidad

Pidieron a los portavoces que se identificaran tras dar una rueda de prensa sin dar explicaciones sobre el motivo

Esta campaña de persecución sólo puede obedecer a una instrucción política para amedrentar a los vecinos y tratar de impedir que, como las anteriores, la marcha sea un éxito.

Hasta la fecha se había podido hacer sin problemas, contando en muchas ocasiones con presencia policial

Las plataformas exigen que se respeten los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, ya que no puede haber Estado de Derecho sin libertad de expresión y manifestación

La manifestación del próximo sábado no será sólo para pedir que se cuente con los vecinos a la hora de diseñar el Plan de Movilidad, porque estos hechos lo han convertido también en una forma de defender algo tan importante como la libertad

Las plataformas y colectivos que se oponen al Plan de Movilidad denuncian la "campaña de persecución" que están sufriendo, con hasta tres actuaciones de la Policía Local para tratar de amedrentar a los vecinos y dificultar la convocatoria de la manifestación del próximo día 25 de marzo.

Todo empezó el pasado miércoles tras la rueda de prensa conjunta que se realizó frente al Ayuntamiento para anunciar la manifestación del próximo sábado, cuando, una vez que se marcharon los periodistas, se acercó un policía de uniforme para exigir a los portavoces que se identificaran sin explicar siquiera el motivo.

El jueves la situación escaló aún más, y se dio el alto al coche con megafonía que anunciaba en Espinardo la manifestación contra el Plan de Movilidad que se celebró el pasado viernes. A pesar de que la citada manifestación estaba autorizada por Delegación del Gobierno, y que ya se había utilizado esta forma de convocatoria en ocasiones anteriores, se amenazó al conductor con multas de hasta 6.000 euros si seguían anunciando la marcha.

Por la noche, en el Barrio del Carmen, se identificó a los voluntarios que pegaban carteles, se les señaló que podrían ser multados con hasta 6.000 euros y les quitaron los 170 carteles que llevaban.

Sorprenden estas actuaciones cuando, de cara a las manifestaciones anteriores, las pegadas se realizaban durante el transcurso de las marchas autorizadas desde el Puente Viejo, acompañados en todo momento de presencia policial, sin que en ningún momento se hiciera reproche o advertencia alguna a los voluntarios.

Este cambio de criterio no hace más que demostrar que no nos encontramos ante un cúmulo de casualidades, sino ante una campaña de persecución como consecuencia de una instrucción política, con el único objetivo de amedrentar a los vecinos y desmovilizarlos de cara a la manifestación del próximo 25, para tratar que no se repita el éxito de las anteriores.

Esta mañana las plataformas han anunciado que no se van a rendir y pedido que se respeten los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, ya que no puede haber Estado de Derecho sin libertad de expresión y manifestación.

Ante esta situación, la manifestación no será sólo para pedir que se cuente con los vecinos para diseñar el Plan de Movilidad, porque estos hechos lo han convertido también en una forma de defender algo tan importante como la libertad

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