Estimada comunidad universitaria:
Este pasado Viernes de Dolores (08-04-2022) el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia en sesión ordinaria ha aprobado en una votación secreta, por 41 votos a favor y 12 votos en contra, la modificación de la norma “Baremo para la valoración de la actividad del profesorado” que modifica la jornada del profesorado universitario. En el transcurso de esta el equipo de gobierno reconoció que la propuesta está motivada por la falta de recursos económicos suficientes para mantener la actual jornada de trabajo del profesorado, y que pone en peligro la estabilidad económica de la institución. Según explicó el equipo rectoral, la existencia de este problema ya era conocida hace cuatro años, pero no ha sido hasta ahora, en este primer Consejo de Gobierno, cuando se ha abordado su solución.
Se ha informado de que año a año el profesorado ha incrementado su producción investigadora, de forma que el incremento de sexenios de investigación ha hecho tambalearse el modelo de jornada vigente. Esto es: el éxito profesional de la plantilla en el ámbito científico se ha convertido en un lastre por la falta de previsión económica. Así, paradójicamente, el exceso de celo de la plantilla universitaria en su labor durante los últimos 10 años es la causa de su desdicha actual, ya que según nuestros gestores podría dificultar seriamente (aunque no se ofrecieron datos) el derecho a la promoción profesional del profesorado funcionario y del profesorado laboral (a pesar de que la promoción laboral está garantizada por el convenio colectivo, de obligado cumplimiento).
Desconocemos qué efecto puede tener la propuesta aprobada por la falta de información. Se dijo que el profesorado que pueda verse afectado asumirá un incremento de encargo docente de unas 30 horas lectivas al año. En un modelo tan simple, con tantos datos automatizados y conocidos, se podría ofrecer ya una imagen de cómo queda la plantilla, pero inexplicablemente no se ha proporcionado esta figura. La falta de información es tal que impide incluso saber si la propuesta es eficiente para garantizar la planificación estructural de la plantilla en los próximos años.
La propuesta no ha sido debatida con la transparencia y tiempo de diálogo para poder estudiar diferentes alternativas, ya que no se han aportado datos suficientes y se ha tramitado todo en apenas siete días. Sólo el equipo de gobierno conoce la cuantía del déficit, la previsión de crecimiento vegetativo, jubilaciones, tamaño de los grupos de estudiantes o impacto de la implantación de los nuevos títulos universitarios. La representación sindical ha estado siempre dispuesta al diálogo y al consenso, pero ha pedido información y algo de tiempo y, ante su ausencia, ha solicitado la retirada del borrador. Como se expuso durante el Consejo de Gobierno, la modificación aprobada no cuenta con el consenso de la plantilla universitaria, no tiene el apoyo de los sindicatos ni el de la mayoría de las facultades de la UMU: Derecho, Veterinaria, Químicas, Economía y Empresa, Medicina, Matemáticas, Informática… La norma no responde a la realidad de nuestra universidad, muy compleja y diversa, con 170 áreas de conocimiento, 78 departamentos y 26 centros.
El nuevo documento elimina buena parte del reconocimiento de funciones esenciales del profesorado universitario, hasta ahora reconocidas, y que están relacionadas con la formación académica, internacionalización, investigación, transferencia y gestión, especialmente relevantes en el día a día de la institución. No sabemos hasta qué punto este tipo de tareas se van a resentir. El incremento del encargo docente podría comprometer la dedicación parcial o total del profesorado con contrato temporal en la planificación del nuevo curso, aún cuando el objetivo de este documento no sea prescindir de profesorado asociado. Se ha aludido a “las extinciones contractuales habituales de cada año”, pero no existe información que permita que estas personas puedan ya conocer qué les depara la nueva norma y, al menos, planificar su futuro.
El equipo de gobierno mantiene con esta propuesta la filosofía discriminatoria del llamado ‘Decreto Wert’: existe una horquilla que va de las 180 horas de clase a las 280 horas. La actividad docente sigue así siendo una moneda de cambio sobre la que se estructura el resto de la jornada laboral, y el reconocimiento de la investigación y la transferencia del PDI se reduce a la más mínima expresión, especialmente entre el personal joven.
La plantilla tiene derecho a conocer la motivación que origina este sobreesfuerzo que se le pide, puesto que más de la mitad del profesorado ya trabaja más de 45 horas a la semana, incluyendo las jornadas de descanso. El malestar de la representación laboral y de buena parte del profesorado tiene muy poco que ver con el incremento de su docencia, para la que le sobra vocación, sino con la opacidad y falta de información del rectorado en la toma de una decisión tan importante, y la premura –prisa– con la que ha querido cerrar el acuerdo, negando el tiempo necesario para acercar posturas en un tema que el actual Rector reconoció que conocía desde hace cuatro años.
Un buen gestor debería saber que una buena norma no genera el consenso: lo plasma. Esperamos que cumpla sin dilación la promesa que ha hecho de consensuar una organización de la jornada laboral del profesorado universitario que responda a nuestras múltiples dedicaciones y a la heterogeneidad de nuestro profesorado.
