Afirma el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana que 'lo que hoy intenta manipular la oposición diciendo que no se había enterado denota su falta de atención hacia la gestión municipal porque ese expediente se tramitó en octubre'
'Sabemos que Cambiemos siente animadversión contra la empresa privada, pero sorprende esa actitud en quien se considera liberal', añade el concejal popular
'Es absolutamente falso que se haya retirado una sanción a la empresa encargada de los servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos porque para eso debería haber sido impuesta, y eso no se ha producido', ha explicado el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, en relación con las manifestaciones realizadas por la oposición respecto al contrato con Tribugest.
'Es incierto que se retirara la sanción porque en ningún momento se llegó a sancionar', aclara. Por el contrario, los jefes de servicio del Ayuntamiento encargados de ejercer el control sobre este contrato directora de la Agencia Municipal Tributaria (AMT), jefes de servicio de Recaudación, dependencia de Recaudación y de la AMT, además de la jefa de servicio y jefe de sección de Contratación- concluyeron que no procedía la imposición de ninguna sanción a la empresa y sí procedía estimar las alegaciones presentadas.
Este acuerdo, basado en los informes emitidos por los funcionarios responsables del contrato, se adoptó por Junta de Gobierno el 5 de octubre pasado. Concretamente, en el punto 14 del orden del día, por lo que 'sorprende que diga la oposición que no se había enterado, a no ser que reconozca su falta de atención hacia la gestión municipal como, por otra parte, es su obligación', añade Martínez Oliva, quien apostilla que 'si los técnicos que ejercen el control sobre ese contrato entienden que no se ha incumplido, ni el concejal delegado de Hacienda ni los representantes de la oposición pueden decir lo contrario'.
Prorrogar, no renovar
Tampoco es cierto que se vaya a renovar, puesto que la actual adjudicación prevé una duración de cuatro años -que vence en marzo- y dos prórrogas de un año, año a año.
Prestar este servicio por parte del Ayuntamiento en lugar de continuar con una empresa externa supondría un coste de 4.938.868 euros más, según el documento que se presentó en 2017 a la comisión de vigilancia de la contratación que revisó el cumplimiento por parte de Tribugest.
'Tampoco sería factible asumir la gestión directa porque es un servicio que no se puede dejar de prestar ni un día y carecemos de personal suficiente, aunque deberían aclarar si lo que pretenden es 'convertir en funcionarios por la puerta de atrás a la plantilla de 84 personas de la empresa, saltándose todos los principios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia'.
Liberales contra la iniciativa privada
Eduardo Martínez-Oliva afirma que 'el cabecilla de esta iniciativa es el concejal de lo que va quedando de IU, cuya animadversión ante cualquier aspecto que tenga que ver con la iniciativa privada es pública y manifiesta y considera maligno cualquier beneficio lícito que obtenga una empresa'.
Sin embargo, sí le sorprende que 'otras fuerzas políticas que se consideran liberales se sumen a este carro que persigue desprestigiar los servicios públicos prestados por la empresa privada'.
