Cambiemos Murcia ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de este jueves para que la Corporación muestre su solidaridad con los activistas que defienden los Derechos Humanos y rechace la criminalización del trabajo que desempeñan estos y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en las fronteras.

En la iniciativa, Margarita Guerrero, concejala de la formación municipalista, hace referencia a casos de activistas como el de la española Helena Maleno, del colectivo "Caminando entre fronteras", que ha sido citada a declarar en Tánger en relación a una investigación penal de los servicios de seguridad marroquí "en un intento de este por encontrar supuestos vínculos con las mafias".

"Se trata de una persona que pertenece a una organización cuya labor ha sido reconocida por Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, y sobre la que no se ha descubierto ninguna prueba incriminatoria pese a que desde hace años se le está sometiendo a una dura investigación", ha sostenido Guerrero.

Este caso "se enmarca en un contexto europeo de política migratoria que se centra en la criminalización de la migración", lo que coincide con la opinión delrelator especial de la ONU Michel Forst, quien afirmó que asistimos a "un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de fronteras y con los ataques contra las personas migrantes, vistas como invasoras".

Guerrero ha explicado que a ese "discurso racista" están contribuyendoinstituciones como la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex, o cargos públicos como el ministro del Interior español, Juan Antonio Zoido, quienes en los últimos meses han acusado a las ONG "de favorecer la inmigración ilegal".

Esta situación ha sido denunciada recientemente por el Instituto de Relaciones Raciales en una investigación en la que ponen de relieve que los países europeos "están usando leyes dirigidas a traficantes y contrabandistas para criminalizar a aquellas personas que actúan por motivos humanitarios".

Los autores de este informe han documentado el proceso judicial de 45 "actores humanitarios" individuales bajo leyes de inmigración o contra el contrabando en los últimos dos años. "El aumento de la criminalización", advierten, "puede estar alimentando a la extrema derecha".