Los representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO en el Consejo Escolar del municipio de Murcia, presentan una propuesta para que este Consejo Escolar se ponuncie en defensa de la Enseñanza Pública y en contra de la extensión de la financiación pública a empresas privadas, con la concertación de los niveles no obligatorios de Bachillerato y FP.
Ante este nuevo ataque a la Escuela pública, que beneficia a empresarios de la educación privada con ánimo de lucro, CCOO propone el siguiente pronunciamiento para que sea votado en este Consejo Escolar:
"El consejo escolar del municipio de Murcia se opone a la ampliación de los conciertos educativos a los niveles no obligatorios de la enseñanza media, Bachillerato y FP, considerando esta medida del Gobierno Regional, un nuevo ataque a la Enseñanza Pública de nuestra Región y de nuestro Municipio".
Instamos así mismo a la Consejería de Educación y Universidades, a la elaboración planificada de un mapa anual de plazas escolares disponibles en la red pública y la red concertada, para evitar una duplicidad de las mismas y el derroche del dinero público y la especulación privada en el ejercicio del derecho fundamental a la Educación.
Este Consejo Escolar municipal, solicita a la Consejería de Educación y Universidades, a que vele para que exista una corresponsabilidad social entre los centros de titularidad pública y los de titularidad privada con financiación pública, para que exista la misma vocación integradora y compensadora de las desigualdades sociales y educativas, y se evite la discriminación del alumnado por cualquier motivo; bien sea por origen socioeconómico o cultural, religioso, de género o de orientación sexual, haciendo cumplir la Constitución Española y la Ley regional por la Igualdad de las personas LGTBis.
Este Consejo Escolar Municipal, exige a la Consejería de Educación y Universidades, que realice y publique una auditoría pública de cuentas y estado financiero de las empresas educativas, que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia y en la Ley de Presupuestos Regional, obligando que toda contratación se realice de acuerdo a los estándares de publicidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, al igual que ocurre en la contratación del profesorado de la pública.
