El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha exigido al Gobierno del PP el cumplimiento del artículo 21 de la Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia, que obliga a los Ayuntamientos a llevar a cabo la actividad inspectora y de control de la cualificación del personal del control de accesos y empresas de seguridad privada.
A juicio de Gómez, “es incomprensible que, desde 2011 y tras la aprobación de esta Ley, no se haya hecho absolutamente nada para controlar y garantizar la seguridad de las personas en Murcia y en el resto de la Región; y que tengamos que lamentar esta nueva agresión producida por seres bárbaros e inhumanos que nunca deberían haber ocupado esos puestos de trabajo”.
Sin escuchar al sector
También es triste y duro de asumir –ha proseguido- que el Gobierno regional y local no tomen cartas en el asunto y se pongan de perfil en un incidente de tamaña gravedad. “No han atendido las demandas, por ejemplo, de asociaciones como la que aglutina al sector de vigilantes de seguridad, que el pasado mes de junio ya denunció la dejación de funciones por parte de las administraciones y el intrusismo en el sector de personal no cualificado”.
Gobierno local
Así mismo, el portavoz de Ciudadanos ha recordado a José Ballesta que, como máximo representante y responsable del Ayuntamiento de Murcia, “tenía y tiene la obligación, según el artículo 21 de la Ley 2/2011, de llevar a cabo el control y la inspección de su cumplimiento”.
Además, ha aclarado, “entendemos que los dirigentes del PP no pueden escudarse en la capacidad del local pues, según el artículo 53 del Real Decreto 2816/1982, se establece que en aquellos espectáculos o actividades recreativas superiores a 100 personas debe haber un vigilante con cualificación adecuada”.
Gobierno regional
Igualmente, Gómez ha criticado con dureza las declaraciones del Gobierno regional. “Es como poco bochornoso que, transcurridos más de 5 años desde la aprobación de la normativa regional que regula el control de accesos, y tras producirse una nueva agresión, salgan diciendo que “prevén” que los porteros reúnan requisitos de “idoneidad”, eludiendo con total descaro su responsabilidad”.
Pero más vergonzoso es –ha subrayado - escuchar que el Ejecutivo regional pretende “agilizar” el desarrollo de esta Ley, cuando lo único que hay que “agilizar” es, en primer lugar, la inmediata asunción de responsabilidades políticas; y acto seguido, se pongan en marcha las acciones que deberían haberse llevado a cabo tras su aprobación hace más de cinco años”.
