Podemos apoya un plan plurianual de inversión en la red de agua potable de Totana

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Podemos apoya un plan plurianual de inversión en la red de agua potable de Totana

María Giménez, diputada regional, ha afirmado en la Comisión de Política Territorial, que dada la situación "crítica" de este municipio y la "enorme losa" que soportan las arcas municipales, la comunidad autónoma "debe invertir en la red municipal de agua".

Giménez ha asegurado que la deuda del Ayuntamiento de Totana "va a tardar años en pagarse y es fruto de la gestión del Partido Popular durante los años que ha gobernado el municipio". El gran perjudicado por el gobierno del PP, ha dicho la diputada de Podemos, "es la red de abastecimiento y saneamiento de agua, abandonada durante décadas. Por eso consideramos que debido a las grandes pérdidas de agua y la imposibilidad del Consistorio de hacer frente a su adecuado mantenimiento es necesario que la comunidad autónoma invierta, vía presupuestos, antes de acudir al escenario nada deseable de privatización del servicio".

Por otro lado, María Giménez ha incidido en que la solución para la deuda de Totana, "no puede pasar por la privatización del servicio del agua. El agua es un mercado cautivo sobre el que las grandes multinacionales siempre están dispuestas a hincarle el diente, no para mejorar los servicios de abastecimiento y saneamiento en defensa de los intereses generales, sino para hacer negocio".

En este sentido, como ha subrayado la parlamentaria regional de Podemos, "el dinero del agua debe ir al agua, y no a enjuagar las deudas de los Ayuntamientos, que es lo que suele ocurrir cuándo se privatiza el servicio, hipotecando el suministro a más de 20 años vista con las consiguientes subidas de las tarifas, cortes de agua y falta de transparencia en la gestión".

Por último, María Giménez ha incidido en que la gestión del suministro urbano del agua se debe basar en un modelo público, transparente y participativo, "en la línea que están siguiendo las principales ciudades europeas". "Por ello, rechazamos los procesos de privatización de los servicios municipales de agua por ser un modelo más gravoso para el ciudadano, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que a la larga provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas", apostilla.

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