AHORA MURCIA y PODEMOS han registrado hoy en el Ayuntamiento de Murcia una petición de recurso de revisión de oficio del convenio que en los años 2005 y 2006 el Consistorio firmó con la UCAM para cederle una parcela de más de 135.000 metros cuadrados y para todas las actuaciones urbanísticas derivadas del convenio. De esta manera, ambas formaciones han iniciado una vía administrativa para que se revise la legalidad del acuerdo, puesto que existe un informe de Intervención General del Estado que considera nulas la desafectación y la cesión gratuita de la parcela, actuaciones previas y necesarias para la firma del convenio, por lo que éste carecería de validez. Los portavoces de Ahora Murcia y de Podemos Región de Murcia, Alicia Morales y Oscar Urralburu, han explicado que, a tenor de lo expuesto en dicho informe, se produjeron, presuntamente, irregularidades en la tramitación del convenio, además de otras irregularidades en la valoración del terreno, en su edificabilidad y en el derecho de reversión. Urralburu y Morales han explicado que, de confirmarse estos puntos, "la situación conllevaría grandes consecuencias prácticas, como la restitución de la parcela y la anulación del Planeamiento de Desarrollo aprobado con posterioridad", además de las responsabilidades políticas que exigirían.
En el encuentro con la prensa, en el que también han estado la concejala de Ahora Murcia Angeles Micol y el miembro de Ahora Murcia y Podemos Miguel Angel Alzamora, Alicia Morales ha explicado que "según señala Intervención General, en la tramitación del expediente del convenio no se cumplieron todos los requisitos legales, entre ellos que la desafectación y la cesión se aprobaron en Junta de Gobierno cuando éste no era el órgano competente, ya que debía de haberse aprobado en el Pleno".
La edil ha recordado que "ya hay un procedimiento judicial abierto por esta causa, en el que Ahora Murcia y Podemos están personados, pero hemos iniciado la vía administrativa para que desde el Ayto se revise todo el procedimiento que tuvo lugar en la firma del convenio". Morales, además, ha explicado que "cuando se produjo la cesión, la parcela estaba en el inventario municipal valorada en 2 millones euros, pero en la contabilidad de la Fundación UCAM aparece valorada en más de 40 millones, lo que supone una diferencia brutal".
La concejala también ha destacado que el terreno era de equipamientos públicos, "pero al cederlo pasó a ser una parcela privada, aunque se le continuó manteniendo la edificabilidad de los equipamientos públicos, lo que supone que tiene en la actualidad un 70% más de edificabilidad de la que le corresponde, lo cual supone otra grave irregularidad". Además, se da la circunstancia de que ya en 2002, cuando se estaba tramitando el Plan Parcial en que se incluía esta parcela, en esa memoria del Plan se decía que su uso iba a ser para la ampliación de la UCAM. "Es decir", apunta Morales, "desde 3 años antes de la firma del convenio, se tenía la intención de dar una finalidad privada a un terreno que debía ser para equipamientos públicos".
Por último, la edil de Ahora Murcia ha subrayado que "toda cesión tiene un plazo, y pasado ese plazo tiene que revertir. En este caso son 10 años de cesión, pero el convenio establece que transcurrido ese tiempo, pasará a ser propiedad privada de la Fundación en lugar de ir a las arcas públicas, como debería suceder. Por ello, Ahora Murcia y Podemos entendemos, y así lo dice la Intervención General, que no se ha respetado el derecho de reversión, que tiene que atenderse en cualquier cesión de un bien público, ya que en caso contrario pasaría a ser un regalo en lugar de una cesión".
Morales ha destacado que "de confirmarse todo lo que considera la Intervención General, quedaría claro una vez más que el PP gobierna para el interés privado de unos pocos, en lugar de defender el interés y el bienestar de todos los murcianos, como es su obligación y mandato".
Por su parte el secretario general de Podemos RM, Oscar Urralburu, acompañado de miembros de Podemos Murcia, ha manifestado el apoyo de la formación a Ahora Murcia, "a nivel penal, administrativo y en lo sucesivo se hará a nivel político, en el sentido en que es necesario que la
Ciudadanía conozca los motivos que llevó a la corporación del PP en el Ayuntamiento de Murcia a realizar este tipo de convenios".
Urralburu ha manifestado que es hora de que las administraciones públicas entren en la fase de la transparencia y del buen gobierno y se depuren responsabilidades políticas en el caso de que se demuestre una mala práxis en el ejercicio de lo público.
En este sentido ha afirmado que la poca transparencia se pone de manifiesto en otros muchos Ayuntamientos de la Región y lo ha ejemplificado con el caso de Puerto Lumbreras "Hoy mismo hemos podido comprobar cómo la jueza Consuelo Andreo que tramita el caso Auditorio en Lorca, ha advertido al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que no puede demorarse más en la entrega de la información requerida". Por lo tanto es necesario un ejercicio de transparencia y petición de responsabilidades para una adecuada gestión pública.
