La Comisión de Haciendas Locales de la FEMP reitera la necesidad de flexibilizar el techo de gasto para incentivar la actividad económica

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Miguel Ángel Cámara, Presidente de la comisión y Alcalde de Murcia, asegura que los ayuntamientos seguirán proponiendo una nueva ley de haciendas locales

Las entidades locales demandan la necesidad de modificar las rigideces que limitan el techo de gasto, con lo que se facilitaría el impulso a la actividad económica de los municipios. La solicitud se ha planteado nuevamente hoy en la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP, reunida en Madrid con la presidencia del Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. El acuerdo permitiría disponer de mayores facilidades para impulsar la actividad económica y el empleo en los territorios, sin que dicha flexibilidad ponga en riesgo el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal comprometida por parte del Gobierno.

Además de esta cuestión, la sesión ha aprobado las ideas de resolución en materia de financiación local que se propondrán para el debate en el Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias de septiembre. 

Por un lado, la oportunidad de reiterar la necesidad de una nueva ley reguladora de Haciendas Locales -con el objeto de mejorar e incrementar el sistema de financiación local-, la comisión plantea la conveniencia de impulsar las reformas necesarias con el objetivo de establecer un marco general de participación de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas.

Igualmente, desde el área de hacienda parte la sugerencia de solicitar una serie de propuestas que permitan -mientras no haya un nuevo modelo de financiación local- solucionar problemas específicos de los ayuntamientos, como los ingresos del régimen tributario de la ocupación de dominio público o la flexibilización de las devoluciones de los saldos deudores de la liquidación del año 2013, ampliando el plazo a 240 meses.

La Comisión ha resuelto igualmente que se traslade para debatir en el Pleno de la FEMP la posibilidad de instar a que se regule mediante normativas específicas que los recursos que obtienen las comunidades autónomas uniprovinciales como participación de la provincia en los ingresos del Estado sean considerados como recursos afectados para el cumplimiento de las obligaciones como diputaciones y, por tanto, destinados al ámbito local.

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