El Grupo Municipal Socialista va a presentar un escrito ante el Juzgado de Instrucción N° 8 que investiga el Caso Umbra, mediante el cual se adhiere a las alegaciones presentadas por el Ministerio Fiscal del pasado octubre, en el que muestran su oposición a la solicitud de nulidad de actuaciones presentada por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el ex edil de Urbanismo, Fernando Berberena, con el que ambos imputados, lejos de facilitar que se aclaren los hechos, tratan de anular el procedimiento por defectos de forma, para así evitar que se conozcan los pormenores de su gestión que están siendo investigados.
En este sentido, el portavoz del PSOE, Pedro López, recuerda, que tanto Cámara como Berberena comparten abogado e igual estrategia de defensa, con la que pretenden borrar lo que todos murcianos ya han visto, tras la publicación de las bochornosas fotografías donde el ex máximo representante del urbanismo de Murcia compartía lujosas fiestas en yates de lujo e incluso en su propio chalet con promotores urbanísticos que después obtenían suculentos beneficios con convenios y reclasificaciones de suelo.
"Parece que no les ha bastado con despilfarrar y haber permitido el saqueo de las arcas públicas, sino que ahora, con un desprecio absoluto a los murcianos, intentan reírse de todos una vez más", denuncia López.
Bochornoso
Por otra parte, el portavoz socialista califica de vergonzosa la actuación que está protagonizando el Ayuntamiento de Murcia tras presentarse como acusación popular en este procedimiento judicial solicitando lo mismo que Cámara y Berberena. "Es absolutamente bochornoso que se estén utilizando fondos públicos, el dinero de todos, para defender de forma encubierta al alcalde y al ex edil de Urbanismo", lamenta López.
Peñalver sigue la estrategia del PP
Respecto a la querella presentada por otro de los encausados en el Caso Umbra, el ex jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver, contra el juez y el fiscal que investigan este caso, López asegura que "muchos nos tememos que sea una estrategia común de las partes imputadas como defensa y que responde a la mantenida por el PP en todos los procedimientos judiciales donde hay imputados de su partido para atacar la labor de los jueces y fiscales que investigan este tipo de casos de presunta corrupción.
