La concejal de Medio Ambiente y Calidad Urbana, Adela Martínez-Cachá, ha explicado, tras la información publicada sobre la legalidad de las tarifas de agua potable, que "la estructura tarifaria se ha mantenido igual desde que fue establecida por el PSOE en el segundo semestre de 1989 y en estos más de diez años nunca había sido cuestionada".
La edil ha añadido que "esta penalización por consumos elevados sólo afecta al 6% de los clientes y no afecta a los consumos responsables (el 94% de clientes restantes)".
Según Martínez-Cachá, "los servicios jurídicos de la empresas Aguas de Murcia están estudiando interponer un recurso al fallo del Tribunal Superior de Justicia, puesto que esta sentencia no es firme, ya que como la misma recoge, cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Hay que esperar a que se resuelvan estos recursos y, una vez finalizado, se aplicará el resultado".
De esta forma, "si finalmente se anulara la estructura actual, a la inmensa mayoría de clientes no les afectaría".
La concejal ha explicado, además que "el fallo del TSJ de Murcia, anula y deja sin efecto la orden 2 de diciembre de 2005 de la Consejería de Comercio y Consumo, por la que se autoriza las tarifas del servicio municipal de agua del municipio de Murcia, referente exclusivamente a las aplicadas en el año 2006"
Según Martínez-Cachá " estamos convencidos que este sistema tarifario es apropiado para una ciudad con escasez de recursos hídricos, penalizando los consumos abusivos Cualquier otro sistema podría ser valido, pero no cumpliría este principio, y por tanto, los que menos consumen, la mayoría de los hogares murcianos, se verían perjudicados”.
