Poner sobre la mesa las cuestiones más importantes que afectan a las haciendas locales en momentos de crisis es el eje central de la jornada que se ha celebrado a lo largo del día de hoy, en el Salón de Actos del edificio anexo al Ayuntamiento, y que ha sido organizada por el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia (UMU).

“Las Haciendas Locales ante la Crisis Económica”, inaugurada por el Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha contado con las siguientes ponencias:

A las 10:00 horas. “El sector público local y la crisis económica”, de manos del Catedrático de Economía política y Hacienda Pública de la Universidad de Murcia, Enrique Egea Ibáñez.

11:00 horas. Las haciendas locales y el IVA. Cuestiones polémicas. Esta conferencia será ofrecida por el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Murcia, Javier Martín Fernández.

12:15 horas. Las futuras leyes de hacienda y del gobierno local, de manos del Catedrático de Hacienda y Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez.

13:15 horas. “Problemas y soluciones a la crisis económica municipal”. La mesa redonda estará compuesta por: el concejal Joaquín Moya-Angeler, el catedrático Javier Suárez, Jesús García (asesor municipal), la profesora María José Portillo y el Director General de la Administración Local, Juan Antonio Morales.

Por su parte, el Catedrático de Economía política y Hacienda Pública de la Universidad de Murcia, Enrique Egea, ha señalado que según la situación que está experimentando España, hasta el 2012 no habrá un crecimiento económico real que permita general empleo. Respecto a las familias, Egea ha apuntando además que las familias tienen menos riqueza patrimonial y que en estos momentos están optando por el ahorro.

El Catedrático de Economía Política ha resaltado que es preciso incrementar las exportaciones para mejorar la economía española, y llevar a cabo una reforma del mercado laboral, mediante el aumento de la productividad y la competitividad, a través de los convenios descentralizados.

Javier Martín, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Murcia, ha analizado pormenorizadamente la situación de los ayuntamientos, en el momento en el que actúan como empresas profesionales (venta de suelo y prestación de servicios), y ha concretado los supuestos en los que puede está sujeto o no a IVA.

Para el Catedrático de Hacienda y Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez, actualmente no hay ni ley de gobierno ni financiación local, ambas herramientas están en fase de gestación. Durante su intervención, Suárez ha dicho que es preciso concretar qué es lo que debe hacer cada administración pública para delimitar funciones y asumir competencias.

Suárez, que ha dicho que “el pacto local es un mito”, también ha apuntado que las comunidades autónomas están creciendo mucho y están adquiriendo mucho poder, lo que supondrá que “creo que nunca habrá una segunda descentralización”.

Suárez tambien ha dicho que la aparición del Fondo de Inversión Local, aunque llegó con buena intención, en adelante no resultan muy rentables porque toda inversión genera a su vez un gasto corriente (por ejemplo la construcción de un pabellón requiere de un gasto futuro de personal, mantenimiento…).

Algunas de las ideas y propuestas presentadas por los ponentes, como medidas que podrían contribuir a mejorar la situación económica en los municipios han sido los siguientes:

Modificación de la normativa, la cual debe de ser debatida y aprobada cuanto antes.

Incluir en la nueva ley medidas que controlen aún más el gasto público.

Que las deudas a proveedores y acreedores se tengan con las entidades financieras y no con las empresas que prestan los servicios, ya que son éstas las que generan la actividad.

Subida de los impuestos ya que, tal y como se ha comprobado, el descenso de los mismos genera contención en el gasto por parte de los ciudadanos y por tanto no se crea actividad económica.

Continuar con la reducción del gasto público.

Prestación de servicios obligatorios a través de consorcios en los municipios pequeños.

Establecer precios públicos en determinados servicios que se ofrecen y por cuales no se cobra hasta ahora.

Cofinanciación público-privada de determinados servicios.

Ajuste en el personal administrativo (funcionarios, personal eventual, interino y empleados de las empresas contratadas para la prestación de servicios).