"Supone una desviación de más de 10 millones de euros sobre el contrato inicial, un incremento del 87,3 por ciento"
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha emitido un informe desfavorable a la modificación del contrato de Terra Natura que el PP y su responsable de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, José Ros, pretenden llevar a cabo.
10 millones de euros más
Dicha modificación, explica el edil del PSOE, Alfonso Navarro, supone una desviación de más de 10 millones de euros, un incremento del 87,3 por ciento, si se tiene en cuenta que la cantidad fijada en el contrato de adjudicación era de 11.600.000 euros y la propuesta en la citada modificación se eleva hasta los 21.736.343 euros.
También en contra
Igualmente, continúa Navarro, el Consejo Jurídico informa negativamente sobre otro punto de dicha modificación del contrato propuesta por el PP y que llevaría a la empresa a cobrar del Ayuntamiento de Murcia 3 millones de euros fijos al año, más las subidas anuales del IPC; aumentando la subvención de 343.279 euros a los 3 millones de euros, lo que supone una subida de más de un 900%.
Conclusiones del informe
La primera de las conclusiones a las que llega el Consejo Jurídico para emitir este informe desfavorable –informa el concejal socialista- se basa principalmente en la ilegalidad de las causas aducidas por el Ayuntamiento para modificar el contrato que inicialmente tenía suscrito con Terra Natura.
En el segundo de los planteamientos, el órgano jurídico sugiere al Consistorio la anulación o supresión de la citada modificación del contrato insistiendo, en el tercero de los puntos, en que si el Ayuntamiento decidiese finalmente seguir adelante con esta decisión, ésta debería llevarse a cabo teniendo en cuenta otros parámetros menos perjudiciales para los intereses públicos.
Para Navarro, el dictamen del Consejo Jurídico viene a confirmar el planteamiento “disparatado y escandaloso” del nuevo contrato propuesto por el edil Ros para Terra Natura y el gran perjuicio económico que, de seguir adelante, supondría para los murcianos. “El Ayuntamiento debería replantearse esta situación y elaborar una propuesta acorde con la legalidad y mirando exclusivamente el interés común”.
