Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en marcha una nueva investigación, a través de la Dirección General de Consumo, sobre los conocidos como pisos turísticos.

Esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Por prácticas engañosas, la Ley de Competencia Desleal lo define en su Artículo 5 como "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico". Esta misma ley recoge en su Artículo 27 algunos supuestos de qué tipo de prácticas se considerarían engañosas, como por ejemplo «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario».

De esta forma, desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy se vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del negocio de los alojamientos turísticos, tras la investigación que Consumo abrió en junio sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística, siendo esta una práctica que también supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

En este caso, la nueva investigación abierta por Consumo se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la ley anteriormente mencionada por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.

Además de estas investigaciones, desde el ministerio liderado por Bustinduy se empezó a investigar en octubre a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, prácticas como obligar a las personas usuarias a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, o a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.

Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que, según ha declarado públicamente en varias ocasiones, es uno de los principales problemas que tiene nuestro país. "Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha llegado a manifestar el ministro, al tiempo que ha pedido poner freno a la especulación en el sector de la vivienda y ha solicitado a todas las administraciones públicas a que, en el ámbito de sus competencias, tomen todas las medidas necesarias para abordar este problema. 

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia