Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita

Los bancos eran las víctimas directas de la estafa

La investigación se inició a raíz de diversas denuncias interpuestas por diferentes bancos que estarían sufriendo un perjuicio económico en la operativa bancaria con datáfonos. La operativa fraudulenta consistía en que miembros del entramado criminal, a través del uso de documentación falsa, creaban una gran cantidad de cuentas bancarias con las que procedían a contratar datáfonos o terminales de punto de venta.

Tras contratar estos terminales los investigados comenzaban a realizar cobros utilizando diferentes tarjetas de crédito o débito, controladas por ellos mismos, por elevados importes quedando estas compras abonadas de inmediato a las cuentas bancarias que habían creado.

Conforme estos ingresos entraban en las cuentas bancarias creadas fraudulentamente eran transferidos a otras de la organización o retirados en efectivo en un cajero automático. Una vez el dinero ya no estaba en la cuenta, estos simulaban la anulación de la compra y por tanto la devolución del dinero al supuesto comprador. De la devolución se hacía cargo la entidad bancaria, quedando la cuenta asociada a los terminales de cobro en descubierto, generándose de ese modo un importante perjuicio económico a una multitud de entidades bancarias diferentes.

En la franja de tiempo transcurrida entre las retiradas y las reclamaciones por parte de las entidades bancarias, los investigados trataban de realizar el mayor número de operaciones hasta que los terminales de cobro quedaban bloqueados.

Durante el tiempo en que las cuentas y tarjetas se encontraban activas, y a fin de maximizar los beneficios de los fraudes, los investigados realizaban pagos en comercios y retiradas de efectivo a crédito, para que una vez bloqueadas las cuentas, no se llevasen a cabo los abonos, siendo esta una segunda vía de fraude.

Estafaban autoalquilando su vivienda

A lo largo de la investigación se pudo averiguar que este entramado buscaba nuevas maneras de cometer estafas, variando y evolucionando su manera de trabajar, llegándose a constatar que utilizaban una conocida plataforma web de alquiler turístico para seguir ocasionando perjuicios económicos a entidades bancarias.

La manera de actuar en este caso era similar a la anterior. Los investigados ofrecían una propiedad en alquiler a través de la plataforma que ellos mismos terminarían contratando. Posteriormente, interpretando su papel de cliente, simulaban tener que cancelar el alquiler por cualquier motivo y reclamaban la devolución del dinero adelantado en concepto de reserva.

Entre las propiedades utilizadas para cometer este fraude figuraba la vivienda utilizada por los arrestados como residencia habitual.

Los arrestados presuntamente habrían hecho uso de al menos 17 documentos de identidad falsos, abriendo más de 280 cuentas bancarias en 19 entidades bancarias españolas distintas, ocasionando un perjuicio económico acreditado de más de 215.000 euros.

La operación culminó con la realización de dos entradas y registros en la localidad de Madrid, durante las que se arresto a tres personas como presuntos responsables de  pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa bancaria.