La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido en el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión migratoria de su ministerio. En su comparecencia, Saiz también ha informado sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y las proyecciones realizadas por la Comisión Europea en el informe '2024 Ageing Report'.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a la gestión migratoria, la ministra de Inclusión ha reseñado que "desde el Gobierno estamos dando respuesta a un enorme desafío humanitario, político y logístico que no es específico de España, sino que es un fenómeno que afecta a Europa en su conjunto". En este contexto, Saiz ha explicado que se ha constatado "un crecimiento del número de llegadas a las costas españolas y un cambio de perfil con más solicitudes de Protección Internacional".

Como ha explicado la ministra, es el sistema de Protección Internacional y de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión quien se ocupa de atender las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, darles cobertura sanitaria de urgencia, acogida por asilo y refugio, apoyo psicológico y ayuda en el restablecimiento de contactos familiares y sociales, entre otros aspectos. "Es un sistema integral, flexible y ágil que evita presión y sobrecostes a las comunidades autónomas, a la vez que garantiza la atención humanitaria y la protección a las personas".

"Numerosos países del Sahel se enfrentan a desafíos de distinta índole, tanto bélicos como económicos y sociales. En particular, en los últimos 3 años se han producido 7 golpes de estado en África", ha contextualizado Elma Saiz.

Para atender las necesidades básicas de estas personas, que en la mayoría de los casos llegan a las costas canarias, en octubre del año pasado se aprobó la declaración de emergencia, que se ha prorrogado desde entonces. "El conjunto de actuaciones ha fortalecido las capacidades del sistema de acogida. Se han hecho inversiones para habilitar espacios para la acogida y atención adecuados, para servicios de acompañamiento, información, traducción e interpretación, atención médica, transporte, etc. Quiero recordarles que todo ello son actuaciones en el marco de la normativa internacional", ha insistido Saiz.

En cuanto a la situación en Canarias, Saiz ha explicado que "la ocupación de los recursos de acogida en el archipiélago se ha situado de media en un 50%, con el objetivo de disponer en todo momento de capacidad de respuesta". "Esto ha sido gracias a cuatro elementos: los traslados entre islas y a la península, la ampliación de la capacidad de acogida en todo el territorio de España y la intensificación de la colaboración con el Ministerio del Interior y las líneas aéreas que ha facilitado esos traslados".

"El Ministerio está haciendo un esfuerzo importante para dar una respuesta eficaz y responsable a un fenómeno complejo. Todos estos recursos se financian en su totalidad con nuestro presupuesto".

Además de las políticas desplegadas para hacer frente a la llegada de personas en situación de irregularidad, Elma Saiz ha destacado que "no nos hemos limitado a gestionar el flujo migratorio irregular que bien a nuestro país. Este Gobierno apuesta por una migración regular, ordenada y segura". Y en ese sentido, ha puesto en valor la importancia de los programas de migración circular, con acuerdos de colaboración con 20 países, que permiten dar respuesta a las necesidades de personal de nuestro mercado de trabajo "particularmente en ocupaciones de difícil cobertura".

Por otro lado, la próxima reforma del Reglamento de Extranjería, que se aprobará entre finales de octubre y mediados de noviembre, "permitirá la normalización de personas que ya se encuentran en España, favoreciendo su inclusión", ha explicado.

"Todos sabemos que por más alto y ancho que se construya un muro o valla, no impedirá que una persona que huye del hambre, de la discriminación o de las balas, luche por conseguir una vida digna", ha concluido Saiz.

Sostenibilidad de las pensiones

Elma Saiz también ha comparecido para informar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y sobre las últimas proyecciones del informe de envejecimiento publicado por la Comisión Europea el pasado mes de abril, conocido como Ageing Report 2024. En este contexto, la ministra ha hecho un recorrido por la reforma de las pensiones desplegada en los últimos años y los resultados "que ya hemos empezado a ver".

"Para entender las medidas que hemos adoptado y sus buenos resultados hay que tener en cuenta tres aspectos", ha explicado. "Estas medidas son fruto de las recomendaciones del Pacto de Toledo y entraron a formar parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que las dotó de una perspectiva estructural. Además, el diálogo ha acompañado todo el proceso, en el seno del Parlamento y también con los interlocutores sociales, algo que ha tenido su continuidad con el nuevo acuerdo tripartito que acabamos de ratificar. Estos consensos han permitido que no solo no se recortaran derechos sino que se han ampliado", ha explicado.

"Las pensiones se han vuelto a revalorizar por ley de acuerdo al IPC, -un derecho que se había perdido-, pero además la reforma ha ampliado derechos para adaptarse a las nuevas realidades de carreras laborales y se ha mejorado el sistema de cotización de los trabajadores autónomos.

Las medidas más significativas para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones han ido encaminadas a alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal, lo que se está consiguiendo al haber mejorado el sistema de incentivos para permanecer en el mercado de trabajo. "La fórmula pasa por que los trabajadores senior continúen en su puesto, ya que experiencia y conocimiento son valiosos para las empresas. Es esencial que la decisión de trabajar más allá de la edad de jubilación sea una elección personal".

"La reforma está funcionando y cambiando de forma innegable los patrones de jubilación", ha dicho Saiz. "La edad de jubilación se sitúa ya en 65,2 años, habiendo superado la barrera de los 65 años y alcanzando máximos históricos. Además, si nos fijamos en el peso de la jubilación demorada sobre las nuevas pensiones, nos encontramos que se sitúan cerca del 10% en 2024: es el doble que el nivel de los años previos a la reforma. Por su parte, las jubilaciones anticipadas han caído por debajo del 30%, un nivel nunca conocido. Pero es que además de caer el porcentaje de jubilaciones anticipadas, también se ha reducido el período por el que se anticipa. Mientras que con anterioridad a la reforma más del 46% de los que anticipaba se jubilaba 24 meses antes de la edad legal, hoy sólo lo hace un 17%, casi 30 puntos menos".

Respecto a las medidas destinadas a reforzar los ingresos, la ministra ha destacado el mecanismo de equidad intergeneracional, el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, la adecuación de las bases máximas y la creación de la cuota de solidaridad, además de haberse completado la separación de fuentes de financiación por la cual el Estado asume los gastos de naturaleza no contributiva. "Con todo ello, el déficit se está reduciendo de forma gradual y el Fondo de Reserva va a terminar la legislatura con 25.000 millones de euros".

Por otra parte, "la propia reforma estableció una garantía adicional: se trata de la "cláusula de cierre", que prevé evaluar cada tres años la sostenibilidad en el largo plazo del sistema de pensiones. Dicha cláusula encarga a la AIReF la tarea de estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que tanto los ingresos como el gasto en pensiones (promedio 2022-2050) estimado por el Ageing Report estén bajo ciertos umbrales.

El informe, que se elabora cada tres años, presenta una serie de proyecciones que muestran el impacto económico y presupuestario que pueden tener los costes derivados del envejecimiento de la población en el muy largo plazo en los países europeos, utilizando para ello una metodología común a todos los países. Entre esos gastos por envejecimiento, se incluyen el gasto en pensiones, en sanidad y el gasto por cuidados. "En el caso de España, tras incorporar los últimos datos observados del PIB tras la corrección del INE de septiembre de 2023, el gasto medio en pensiones en el periodo entre 2022 y 2050 se situaría en el 15,1% del PIB, una décima por encima de lo previsto en la reforma".

"El Ageing Report habla del gran reto que supone el envejecimiento de la población. Debemos tener un debate de altura, con rigor, porque estamos hablando de 10 millones de personas en España, pero también de todos los que están por llegar".

"Las medidas que hemos puesto en marcha están dando buenos resultados y las estimaciones elaboradas por la Seguridad Social muestran que el gasto continúa en niveles razonables. De hecho, el escenario macroeconómico actual (especialmente el empleo) y el nivel de gasto en pensiones son mejores que los pronosticados para 2023", ha concluido Elma Saiz.

"Quiero destacar la vinculación entre las reformas del mercado de trabajo y la reforma de las pensiones. El éxito de las reformas del mercado de trabajo a la hora de reducir de forma drástica la temporalidad, el establecimiento de mecanismos de flexibilidad interna (como el mecanismo RED) que permiten reducir los costes de ajuste para las empresas y recualificar a los trabajadores para mejorar su empleabilidad, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), contribuyen a reducir el desempleo estructural a largo plazo y a crear carreras de cotización más estables y de mayor calidad", ha explicado.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia