La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha participado en Málaga en la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda, organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su intervención en el IV Congreso Nacional de Vivienda

Durante su intervención, la titular de Vivienda y Agenda urbana ha reiterado la importancia de la colaboración entre administraciones y con el sector privado para buscar y proponer soluciones y ha recordado que la vivienda es el principal problema para el 50% de la población de los países de la OCDE. "Ante la dimensión del problema que tenemos, reclamo una Alianza de País", ha insistido la Isabel Rodríguez quien ha comentado que "esta situación no sólo nos afecta a nosotros, sino que se observa en países de nuestro entorno y el fenómeno es observable en las principales capitales europeas". "Se enuncia la solución, pero se obvia la dificultad", ha añadido la responsable del Ejecutivo central quien ha recalcado en que "tenemos que ver de dónde venimos para tener hoy en día esta situación en materia de vivienda", en alusión a años donde no se construía vivienda pública en nuestro país.

Isabel Rodríguez ha aludido que "desde el Ministerio, estamos trabajando para que ninguna familia tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos para tener acceso a una vivienda digna". "Nuestro compromiso es con el artículo 47 de la Constitución y con la sociedad española", ha comentado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

Por ello, enfatizaba la ministra, se han puesto en marcha diferentes programas de ayudas e inversiones para fomentar la construcción y rehabilitación del parque de vivienda público y privado en España y también en la agilización administrativa "que tanto se ha demandado". Isabel Rodríguez ha enumerado las medidas, entre las que se encuentran la modificación de la Orden ECO que incorpora las licencias básicas o abreviadas; la puesta en marcha de la línea de préstamos y avales por parte del ICO para promotores públicos y privados, que suman un total de 6.000 millones de euros de presupuesto, y que, tal y como ha anunciado Isabel Rodríguez "ya son más de 57 proyectos los que el ICO está estudiando, por valor de 1.400 millones de euros y que facilitarían la construcción de casi 17.000 viviendas".

Por último, Rodríguez ha reclamado los grupos políticos la tramitación y aprobación de la Ley del Suelo en las Cortes Generales, una ley que "se ha trabajado por rigor" y que el sector ha valorado como "útil, necesaria y técnicamente muy buena". "Pido que volvamos a hacer ese esfuerzo, que nos acompañemos en las administraciones públicas para reclamar que el Parlamento, en los asuntos que tienen que ver con esta cuestión, llegue a acuerdos, cuando, además, no hay debate detrás de esta ley, sino más que un texto magnífico, dispuesto para ser aprobado y servir al sector y a la causa que nos une", ha destacado la ministra.

IV Congreso Nacional de Vivienda

La ministra ha participado en la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda, organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que este año se celebra en la ciudad de Málaga.

Además de la ministra, por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han acudido al evento el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, la directora general de SEPES, Leire Iglesias, el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín, y, además, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas.

Préstamos ICO "Facilidad para la promoción de vivienda social"

La línea de préstamos de 4.000 M€ a promotores públicos y privados está dirigida a proyectos que incrementen el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficiente vía obra nueva o rehabilitación, y que también incluye la financiación para la compra de suelo o del edificio.

El acuerdo firmado con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa contempla la financiación de operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplan con las condiciones establecidas en el acceso al préstamo. Estos préstamos se tendrán que solicitar antes del 1 de junio de 2026 y formalizar antes del 31 de agosto de 2026.

Existen dos vías de acceso a la financiación de los proyectos, que se distribuirán en función de la demanda. En un inicio, está previsto que el ICO movilice 2.000 M€ y las entidades financieras adheridas a la línea de préstamos movilizarían los 2.000 M€ restantes. No obstante, en función de la demanda esta distribución puede variar.

En el caso de que sea el ICO la entidad que concede el préstamo, la operación solo requerirá de verificar el cumplimiento de los requisitos y el riesgo de la operación, para la posterior concesión del préstamo. Por otra parte, las entidades financieras analizarán el riesgo de la operación conforme a su propia política de riesgos, ya que es la entidad quien asume el riesgo de impago. Si se utilizase la vía de las entidades financieras, una vez la entidad y el promotor acuerden el préstamo y se conceda, el ICO trasferirá el importe de la operación a la entidad financiera para que proceda a su préstamo al promotor.

Aquellas viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años.

Asimismo, los proyectos tendrán que finalizarse en diferentes fechas, en función del tipo de proyecto financiado. Concretamente, la financiación del Programa para la construcción del Plan de Recuperación deberá estar terminada antes del 30 de junio de 2026. La construcción de edificios en suelo urbanizado antes de que transcurran 4 años desde la formalización del préstamo, con posibilidad de prorrogarlo 2 años más. En el caso de suelos no urbanizados el plazo es de 8 años, con posibilidad de solicitar una prórroga que alargue 4 años más dicho plazo. Y un plazo de 4 años, con posibilidad de solicitar una prórroga de 2 años más, en el caso de la rehabilitación.

Los proyectos financiados han de cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según directrices las nacionales; y, los rehabilitados, deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable.

2.000 millones de euros en avales a los préstamos

El 27 de diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó la creación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como para mejorar el ya existente.

El aval cubre hasta el 50% del importe del capital del préstamo y será gestionado por el ICO. El aval es gratuito y se otorga de manera automática una vez se concede el préstamo, tanto si se accede a él a través del ICO o desde una entidad financiera adherida a la línea de financiación.

El aval concedido por MIVAU tiene el mismo período de vigencia que el tiempo de amortización del préstamo o, en caso de ser superior, de 30 años.

Modificación Orden ECO

La ministra anunció el pasado mes de abril, tras una reunión del presidente del Gobierno con representantes del sector de la vivienda, que el Gobierno va a actualizar la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. "El objetivo es actualizar esta normativa porque lo aconseja el estudio que hemos hecho de necesidades de modificación puntuales, lo que tiene que ver con agilizar de nuevo la gestión urbanística", dijo la ministra en rueda de prensa. También, añadió que se van a "introducir elementos muy importantes, como las nuevas técnicas constructivas, especialmente en lo que se refiere a la industrialización de la construcción, o los factores de sostenibilidad también en el ámbito de la construcción".

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicó el pasado 6 de septiembre la audiencia pública para la modificación de la citada Orden con el objetivo de recabar las opiniones y propuestas de los operadores económicos.

Las modificaciones propuestas permitirán acelerar las promociones inmobiliarias, lo que redundará en menores costes para los promotores y en una reducción del tiempo de ejecución de las obras. La nueva propuesta tiene como objetivo adaptar la normativa a las nuevas tendencias observadas en el sector de la construcción.

4.878 viviendas movilizadas en Málaga a través del Gobierno de España

El Gobierno de España, desde el año 2018, ha transferido 140.884.758,10€ para construir y rehabilitar un total de 4.878 viviendas en la provincia de Málaga; de ellas, 3.084 son de nueva construcción.

De las más de 4.800 viviendas, 3.700 se encuentran en la capital, de las que 2.889 son de nueva construcción a través de una inversión total de 81.369.740,39€.

Entre las viviendas de nueva construcción, destaca la inversión realizada por SEPES Empresa Pública del Suelo, entidad adscrita al Ministerio, en el barrio de Buenavista para impulsar 1.400 viviendas asequibles y que el pasado mes de julio registró en el Ayuntamiento de Málaga el proyecto de urbanización, gracias a una inversión de casi 34 millones de euros.

Esfuerzo inversor del Gobierno en la comunidad autónoma de Andalucía

El Gobierno de España ha alcanzado acuerdos con Andalucía para transferir más de 1.208,47 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda.

Entre ellas, destacan la transferencia de más de 493,8 M€ del Plan de Recuperación, de 68,4 M€ para el Bono Alquiler Joven, de 172,96 M€ del Programa PIREP o más de 120 M€ a través del Programa 2% Cultural; además del compromiso de más de 493,5 M€ a través de los Planes Estatales de Vivienda 18-21 y 22-25.

Con estas inversiones, entre otros, se ha impulsado la construcción de 11.292 viviendas y la rehabilitación de más de 30.574.

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