La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido en el Pleno del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, sometido a debate de totalidad.
"No hay democracia avanzada ni economía sólida que pueda prescindir de la mitad del talento que atesora", ha defendido la ministra en su intervención. "Con este Proyecto de ley situamos a España nuevamente en el liderazgo de las políticas de igualdad de derechos entre mujeres y hombres", ha añadido.
Tal y como ha recordado la ministra, el texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, es una apuesta firme del Gobierno de España. De hecho, se trata de la primera iniciativa legislativa del Gobierno en la presente legislatura.
El Congreso ha rechazado por mayoría la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Vox, así, la norma continuará con el trámite parlamentario.
La iniciativa avanza en el camino trazado por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ya incorporaba el principio de representación equilibrada, y busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad. Para ello, introduce modificaciones sustanciales en distintas normas del ordenamiento jurídico español.
Además, traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas. De esta forma, España asume una posición de liderazgo a la hora de incorporar a su ordenamiento las normas y recomendaciones internacionales relativas a la igualdad de género.
Novedades de la Ley
Entre otras novedades, el proyecto de ley incorpora el principio de representación equilibrada en el ámbito empresarial. Los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones deberán tener una composición acorde con el principio de paridad: el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo.
En el ámbito político, la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como listas cremallera. "Si las mujeres constituimos más del 50% de la ciudadanía, debemos tener la representación de la mitad de la población que nos corresponde", ha reivindicado Redondo.
Con esta iniciativa, España avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030, en concreto en el objetivo número 5, destinado a la garantía real de la igualdad entre hombres y mujeres.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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