La investigación, que ha contado con la colaboración del Ministerio de Cultura, se inició cuando, agentes especializados de la Brigada de Patrimonio Histórico, detectaron en un stand de la feria FERIARTE2021 un capitel de estilo califal que llamó la atención de los investigadores, ya que recientemente habían aparecido en el mercado de arte piezas similares de procedencia ilícita.

Una vez que los investigadores solicitaron al stand la acreditación del origen de la pieza, pudieron comprobar a través de la factura que había sido adquirido, junto con otros dos capiteles, en un establecimiento de antigüedades de Granada, detectando irregularidades en la factura como la ausencia del número de factura o no estar desglosado el importe del IVA.

Junto a la factura de compra, proporcionaron tres actas de manifestaciones notariales, una por cada capitel, levantadas a nombre de la misma persona, por una notaría de la capital granadina, que contenían diversas afirmaciones acerca del origen y propiedad de los capiteles, tales como que habían sido heredados y llevaban en poder de la familia varias generaciones, ya que un antepasado suyo había sido restaurador en La Alhambra de Granada en el siglo XIX; pero de ninguna manera se acreditaba la procedencia de los objetos, por lo que se procedió a la intervención de las tres piezas arqueológicas.

A través de una tienda especializada en arqueología de Barcelona

La investigación en torno dicha persona puso de manifiesto que había otras notarías en las que se habían levantado actas de manifestación similares, lo que permitió localizar piezas en poder de particulares en Valencia, Madrid, Granada, si bien la mayor parte de ellas se encontraban en Barcelona, en poder de una persona, encargado de darle salida a los objetos expoliados a través de la tienda especializada en arqueología que regentaba en esa ciudad.

Todas las piezas tenían un nexo común: habían sido proporcionadas por el mismo comercio de antigüedades, bien como empresa o a título particular por alguno de sus responsables. Entre la documentación aportada para acreditar la procedencia de las piezas había, en algunos casos, actas de manifestaciones notariales levantadas en distintas notarías a nombre de la misma persona y en otros, contratos de compraventa privados entre familiares de los responsables del reseñado establecimiento, que nada tenían que ver con el negocio de las antigüedades, en los que se afirmaba que procedían de una antigua colección heredada de un familiar, siempre con el fin de intentar dar apariencia de que el objeto se había sacado del yacimiento antes de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, que no permite la propiedad privada de los objetos arqueológicos.

Por resolución judicial, se procedió a la intervención de las piezas arqueológicas localizadas y a trasladarlas a los lugares indicados por el Ministerio de Cultura, en este caso las instalaciones del Museo Arqueológico Nacional (MAN) en Madrid, al Museo Arqueológico de Granada y al Museo de Prehistoria de Valencia; lugares donde han sido estudiadas y actualmente se encuentran depositadas. Igualmente fue recopilada e intervenida la documentación relativa a la compraventa de las obras: facturas de compra, contratos de compraventa y actas de manifestaciones notariales. 

Durante la investigación resultaron detenidas seis personas, cinco en Granada y una en Barcelona, como responsables de delitos contra el patrimonio histórico, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. 

Ocho integrantes del grupo criminal miembros de una misma familia

El grupo criminal estaba formado por diez personas, nueve residentes en Granada, ocho de ellas pertenecientes a una misma familia, y el responsable de una galería especializada en arqueología de Barcelona. Algunos integrantes del grupo criminal no fueron detenidos por encontrarse en ese momento fuera del país, ya que alguno de ellos tiene nacionalidad brasileña.

La manera de operar del grupo consistía en que, de forma concertada, los tres hermanos responsables del negocio de antigüedades de Granada, participaban en la búsqueda y localización de piezas de arqueología expoliadas, para posteriormente confeccionar para cada pieza la documentación necesaria con intención de crearle un pasado que permitiera su introducción en el mercado legal, que es el que más beneficios aporta; valiéndose de testaferros que firmaban contratos de compraventa, acudían al notario y en ocasiones llegaron a hacer el traslado de la pieza como particulares a la galería de Barcelona para que no se les relacionara con el resto de la organización.

En el momento de la detención se procedió a la intervención de los teléfonos móviles de dos de los hermanos responsables del establecimiento de Granada y su análisis posterior vino a poner de manifiesto que una de las personas encargadas de formalizar las operaciones de compraventa era su hija y sobrina respectivamente, quien siguiendo las instrucciones de su padre y su tío confeccionaba documentos a la carta, haciendo constar en ellos, sin ninguna base real, las imágenes de las piezas que le suministraban, el contenido formal que debía aparecer en dichos documentos y la rúbrica del supuesto vendedor. Una vez confeccionado el documento, lo remitía nuevamente al comercio de antigüedades para que diesen el visto bueno, y a continuación recibir alguna compensación económica, para lo que facilitaba su número de cuenta bancaria y en ocasiones indicaba que se lo enviaran a través de transacciones electrónicas.

Entre las 71 piezas intervenidas se encuentran capiteles de épocas nazarí y califal, basas, columnas, arcos de yesería, vigas islámicas, un fragmento de arrocabe, una estela funeraria árabe, varias esculturas y cuatro broches de cinturón visigodos. Según los técnicos especialistas de los museos que han llevado a cabo el estudio de las piezas arqueológicas, el valor total ascendería a 403.000 euros, cantidad que se superaría ampliamente en los circuitos comerciales legales del arte.

Hay que destacar un fragmento de arrocabe de 357 cm de largo, 29 cm de alto y 9 cm de ancho valorado por los técnicos en 80.000 €. Presenta decoración tallada de tema epigráfico cúfico mezclado con decoración de palmas, encerrado en arcos lobulados,  que surgió ya en Granada antes del periodo nazarí, lo que nos lleva a situarlo en el entorno del reinado de Yusuf I, en el siglo XIV.

Asimismo, destacan varios capiteles califales realizados en mármol, con tallas de gran calidad, manteniendo elementos tales como la profundidad del trepanado. La existencia de modelos similares en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba y en el Museo de la Alhambra, permite datarlos en el siglo X o principios del siglo XI, pudiendo proceder de talleres en la órbita de Madinat al-Zahra.

Igualmente relevante resulta un capitel de banda que, por su estructura corresponde a la etapa nazarí (cronológicamente siglo XIV). Tanto su material, el mármol, como el escudo nazarí sin ninguna talla (posiblemente policromado), indican que sería un capitel destinado a un edificio oficial palatino.