El pasado sábado 11 de noviembre de 2023, la asociación Junta Democrática de España se concentraba en la plaza de las Cortes de Madrid para realizar una acampada indefinida con el fin de protestar pacíficamente contra la clase política. El desarrollo de la actividad por parte de los asistentes fue ejemplar, en claro contraste con los actos convocados por otras asociaciones frente a las sedes del PSOE. Frente al Congreso no hubo ni un insulto ni ningún tipo de violencia hacia las fuerzas del orden, pero por desgracia sí hubo violencia de parte del Estado en el desalojo de la acampada.

Recientemente la misma asociación anunció nuevas concentraciones frente al congreso para el día 15 de noviembre, pero hoy ha debido desconvocar la concentración al ser prohibido su acto por parte de la delegación de gobierno. Esto no es nuevo, ya que la Junta Democrática ha sufrido ya múltiples prohibiciones para sus actos por parte de distintas administraciones en el pasado.

La fuerza y la prohibición son las únicas herramientas que le quedan al Estado para protegerse del pueblo cuando éste se organiza de manera pacífica y tiene unas exigencias claras. Sin embargo, nosotros tenemos la legitimidad y nuestras ideas son compartidas cada día por más ciudadanos.

Las exigencias que defiende la Junta Democrática en sus actos frente al Congreso son las siguientes:

1- DETENER LA ARBITRARIEDAD JURÍDICA ACTUAL: Que el Gobierno en funciones desista de presentar cualquier ley de amnistía a políticos encausados por violación de la legislación y en concreto el Código Penal.

2- REPRESENTACIÓN POLÍTICA: La celebración de un referéndum nacional vinculante para todas las fuerzas políticas sobre la modificación del Art. 68.3 de la constitución, con la propuesta de cambiar sistema electoral proporcional actual a uno mayoritario de elección directa uninominal a doble vuelta del poder legislativo y del ejecutivo. En caso de vencer el "SÍ", realizar la modificación constitucional y la derogación de la actual ley electoral y formación de una comisión legislativa compuesta por juristas independientes para la redacción de la nueva ley.

3- INDEPENDENCIA JUDICIAL: La celebración de un referéndum nacional vinculante para todas las fuerzas políticas sobre la modificación del Art. 122 y Art. 159 de la constitución, con la propuesta de cambiar la elección de los integrantes de CGPJ y TC para que dejen de ser nombrados por el poder político y sus miembros sean elegidos exclusivamente por los operadores jurídicos (jueces, magistrados, abogados, procuradores…). En caso de vencer el "SÍ", realizar la modificación constitucional y la derogación de la actual LO del CGPJ y TC y formación de una comisión legislativa compuesta por juristas independientes para la redacción de la nueva ley.

4- FINANCIACIÓN de PARTIDOS y SINDICATOS: Que los partidos y los sindicatos se financien exclusivamente a través de las cuotas de sus militantes. Prohibiendo la financiación privada a través de corporaciones o entidades financieras y prohibiendo la financiación pública a través de donaciones y subvenciones, devolviéndoles el carácter civil del que hoy carecen.

Tras la prohibición de su acto del día 15, la Junta ha convocado a sus seguidores a una nueva concentración frente al Congreso el jueves 16 de noviembre. En palabras de su presidente el abogado y divulgador Rubén Gisbert: "España se juega mucho en estos momentos y por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que venga a la concentración a exigir sus derechos políticos".

La Junta ha convocado a sus seguidores el día 16 de noviembre a las 12:00 entre la plaza de Canalejas y el cruce de la calle cedaceros con la plaza de las Cortes.

Manifiesto de la Junta Democrática

I Todos los seres humanos son por naturaleza igualmente libres e independientes, y su convivencia en estado de sociedad debe regirse y gobernarse garantizando su libertad e independencia colectiva e individual.

II La Nación Española no reconoce la autoridad ni legitimidad para gobernar ni regir su vida en sociedad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegida por aquella tras un periodo de libertad constituyente.

III La nación española es un hecho histórico dado, y su realidad está determinada por su diversidad cultural, lingüística y regional, que debe ser protegida y preservada indiscriminadamente. Por ello y en atención al daño que la concentración y centralización del poder del Estado de las Autonomías ha generado económica y socialmente, se debe devolver a los municipios el poder que garantice su independencia económica y desarrollo cultural.

IV El pueblo español es el único sujeto político legitimado para darse a sí mismo una forma de Estado y hacer sus propias leyes a través de representantes elegidos uninominalmente en distritos electorales de no más de 100.000 habitantes.

V Toda votación cuyo fin no sea elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector y separadamente al ejecutivo, es fraudulenta al atentar contra la libertad política del pueblo español. Y se considera un mecanismo para que bajo la fuerza, coacción o miedo se acepte o legitime un sistema tiránico que hace sus leyes y las impone a la nación tiránicamente.

VI La no participación voluntaria de la mayoría absoluta de la ciudadanía en unas votaciones cuyo fin no sea el determinado en el punto anterior, deja a todo Estado que las organice carente de autoridad ni legitimidad para formar gobierno ni hacer leyes, por lo que a partir de dicho instante será considerado como un poder impuesto mediante la fuerza a la nación española y enemigo de esta.

VII Deslegitimado el Estado, se debe crear un gobierno provisional que mantenga la funcionalidad del Estado y acompañar a ello la apertura de un período de libertad constituyente de mínimo un año de duración. En este periodo el gobierno provisional debe garantizar la libertad de prensa e información para la difusión de todo pensamiento y propuesta política que se base en los principios democráticos de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y la representación política por elección uninominal.

VIII A la finalización del período de libertad constituyente, todo español mayor de dieciocho años deberá ser convocado mediante referéndum para elegir la forma de Estado propuesta desde las diferentes organizaciones civiles que las propugnan.

IX Una vez elegida la forma de Estado por la nación, deben realizarse unas elecciones al parlamento o cortes constituyentes, cuyo fin será el de redactar una constitución que establezca la garantía de los derechos fundamentales en una declaración de derechos de España y determine la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.Paralelamente a ello deberá suprimirse el Tribunal Constitucional y se creará un consejo de justicia con dotación presupuestaria independiente que garantice la independencia del poder judicial.