Los implicados recibían información de otras organizaciones dedicadas al tráfico de personas sobre las salidas de embarcaciones desde Marruecos
Recibían información de los migrantes que llegaban a la isla
El entramado criminal se dividía en dos ramas diferenciadas, una estaba asentada en Marruecos y la segunda en España. Sus integrantes se encargaban de la recepción de los migrantes que venían en embarcaciones desde Marruecos y arribaban en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, gestionaban la manutención y su traslado a la península. Los implicados se distribuían las diferentes funciones de piloto de embarcación, intermediario o responsable del cobro de dinero. Los miembros asentados en España gestionaban los trámites necesarios para adquirir las tarjetas de embarque y salir de la isla. Además se encargaban de recibir los pagos para los traslados y de controlar los inmuebles donde alojaban a los migrantes.
La red recibía información de organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas. Éstas les indicaban cuándo partían las embarcaciones desde Marruecos con destino a España y los datos de los migrantes que habían pagado por adelantado el alojamiento en nuestro país. Una vez llegaban a Las Palmas de Gran Canaria, trasladaban a los migrantes a la península utilizando inscripciones de nacimiento y certificados de empadronamiento falsificados para regularizarlos.
Viviendas insalubres
La red alojaba a los migrantes en inmuebles que se encontraban en circunstancias no aptas para ser habitados y que carecían de las mínimas condiciones de salubridad e higiene. Este espacio estaba controlado por miembros del entramado asentados en España. Desde Gran Canaria les facilitaban la salida hacia otros puntos del país y de Europa, con frecuencia dependiendo de la cantidad económica que cada migrante pudiera aportar al grupo criminal.
Los integrantes de la rama criminal establecida en España cobraban a cada migrante entre 250 y 400 euros, lo que dependía del lugar y trayecto de traslado e incluía su alojamiento y manutención además del viaje a la península. En ocasiones, este tráfico migratorio debía hacerse vía aérea, lo que implicaba más trámites relacionados con la documentación que habilitase la entrada en España, así como la necesidad de acompañarlos a lo largo del trayecto con el objetivo de regularizar de manera fraudulenta su situación administrativa. En estos casos, los implicados percibían en torno a los 4 000 euros por cada persona. Esta actividad criminal supuso la obtención de unos beneficios que ascendieron a un total de más de 250.000 euros.
La investigación ha culminado con la detención de cuatro personas, tres de ellas han ingresado en prisión, en las ciudades de Arucas y Las Palmas de Gran Canaria por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, usurpación de bienes y pertenencia a organización criminal. Durante la operación se han llevado a cabo dos entradas y registros en las localidades de Arucas y Las Palmas y se han intervenido diversos dispositivos de almacenamiento de información.
