Desde las plataformas y asociaciones en defensa de los territorios, nos cuestionamos el modelo democrático, con el que se están planteando, de nuevo en verano, las políticas y estrategias que ponen en jaque el futuro del campo español.
De nuevo en pleno verano, y sin apenas publicidad, más allá de los boletines oficiales o en sus propias redes sociales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para cubrir su expediente de transparencia y buen gobierno, nos intenta deslizar las políticas y medidas que regirán durante los próximos años la implementación del modelo del sistema energético centralizado: la actualización del Plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC).
Una estrategia (PNIEC 2021-2030) que, a la vista de esta nueva propuesta parece se había quedado corta, y ahora amenaza con recrudecerse (PNIEC 2023-2030) y que además, que está provocando el caos en las administraciones competentes, ante las montañas de tramitaciones de macro plantas industriales de renovables (fotovoltaicas, eólicas, hidrógeno verde…) y que nos fuerza, principalmente a las personas que habitamos el medio rural, a tener que estudiar y analizarlas a marchas forzadas, utilizando las pocas herramientas disponibles para la ciudadanía.
Una ciudadanía, que vocea hasta la súplica, pidiendo una y mil veces, que se establezcan límites al desmesurado afán de lucro de las empresas energéticas, amparadas por las políticas y las administraciones europeas, estatales, regionales, y por suerte, cada vez menos administraciones locales y ayuntamientos, para lo que va a suponer una grave amenaza para el patrimonio natural y cultural, y para el futuro del medio rural, de la biodiversidad y de las personas que lo habitan.
Con este marco estratégico, desarrollado en torno al PNIEC, se pretende asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París: con él dicen facilitar la descarbonización y la modernización de la economía española, algo que es difícilmente abordable sin planteamientos de medidas de ahorro que eviten el despilfarro de energía y del abuso y la destrucción de enormes cantidades de suelos, principalmente agrarios, y de los bienes comunes: tierra, agua, minerales…, en definitiva, nuestros recursos.
Nos encontramos con problemas reales tan graves que ponen en cuestionamiento este despliegue, tales como la falta de demanda de energía eléctrica o la ineficiencia de los sistemas de almacenamiento, que se plantean en base a tecnologías inmaduras como el hidrógeno verde o, técnicas tan agresivas como las centrales hidroeléctricas de bombeo, las potencias pico que saturan la red eléctrica, las infinitas subestaciones, tendidos eléctricos y líneas de transporte, que luego pagamos todos los consumidores en nuestras facturas de la luz.
Cómo puede formularse este proceso, en términos de justicia social y ambiental, si tal y como se proyecta el despliegue de las renovables, sin ordenación del territorio, ni una regulación y planificación estratégica adecuadas, supone una gravísima pérdida de suelo agroforestal, afectaciones a espacios naturales protegidos y a la sostenibilidad territorial, que amenaza entre otras a nuestra alimentación o a la captura de CO2, o que incide en la pérdida neta de empleo rural y de un tejido productivo inestimable, como lo es el vinculado al sector primario o al del turismo.
El modelo de crecimiento sin límite se visibiliza en el progresivo vaciamiento de nuestros pueblos y espacios naturales, en las carencias y pérdida de gestión pública del agua. Tal y como se plantea todo este desarrollo, supone la estocada definitiva para muchos de ellos.
¿Se sabe cómo afectará este desarrollo, ya no solo a la salud del planeta, sino también a la de las personas? ¿O las repercusiones a largo plazo sobre el clima y el calentamiento global? ¿O dónde acabarán los millones de toneladas de residuos que generarán estas infraestructuras cuando termine su vida útil?
Son demasiadas las incertidumbres. Sin apenas información ciudadana objetiva y con las escasas herramientas para la participación, en este intenso modelo de transición energética, demandamos a nuestros gobernantes que se planteen estos procesos que ya están afectando al futuro inmediato de nuestro país, y sobre todo al de las generaciones venideras.
Existen propuestas alternativas que defienden un modelo diversificado, que ponen en el centro a las personas, al territorio, a la biodiversidad, que plantean una lucha real contra el cambio climático con sistemas que priman el autoconsumo, las comunidades energéticas, la eficiencia energética, el acercamiento de los centros de almacenamiento a las zonas de consumo, la priorización de las zonas antropizadas para el desarrollo de las renovables, la gestión de la estabilidad del sistema con la electrónica de potencia, y sobre todo, el dejar de priorizar la cuenta de resultados de las grandes empresas a través del extractivismo energético como objetivo principal.
Tenemos mucho que aportar, por eso le pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica "y el Reto Demográfico", acogiéndonos al DERECHO DE PETICIÓN que establece la Constitución Española en su artículo 29 y desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, informe y escuche a la ciudadanía, y actúe en consecuencia.
