El entramado contaba con una estructura piramidal compuesta por los líderes, con funciones de dirección y control, los vendedores relevantes o “buzones”, el jefe de distribución (en un nivel intermedio entre los dos anteriores) y, en el último escalón, los vendedores base o manteros

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal jerarquizada, integrada por ciudadanos senegaleses, asentada en nuestro país y perfectamente estructurada. Dicha organización se dedicaba, presuntamente, a la importación y venta de productos falsificados, y enmascaraba el origen ilegal de los beneficios a fin de integrarlos en los sistemas económicos y financieros legales tanto de España como de terceros países.

Las falsificaciones, unas veces, se llevaban a cabo mediante la propia creación o importación del producto -prendas de ropa, calzado, joyas, o artículos de marroquinería-. En otras ocasiones consistían en la unión del artículo en sí con la etiqueta, adhesivo o serigrafía distintiva e inconfundible de determinadas marcas, vulnerando así los derechos de propiedad industrial de las marcas registradas.

Estructura piramidal, dinámica y con un claro reparto de las tareas ejecutivas

Con el avance de las pesquisas, los agentes acreditaron que los investigados llevaban operando desde, al menos, el año 2016. Por otra parte, evidenciaron que la organización contaba con una estructura piramidal, dinámica -ya que adaptaba a las circunstancias del momento- y con un claro y concreto reparto de las tareas ejecutivas entre sus miembros.

En la cúspide del entramado se encontraba una mujer que ejercía funciones de dirección y gestión. Ésta se desplazaba, junto a terceras personas, de manera continuada y repetida a los países proveedores para importar los productos falsos y, a su vez, era la encargada de recepcionar la mayor parte de los beneficios económicos.

Una vez que los artículos se introducían en nuestro país eran repartidos por toda la geografía española, utilizando para su distribución puntos logísticos o empresas de paquetería. Esta tarea era desarrollada por miembros de la organización denominados vendedores relevantes o “buzones”. Por otra parte, entre éstos y los anteriores -en un nivel intermedio- se encontraba el jefe de distribución, a quienes los líderes darían instrucciones para que hiciera la distribución entre los vendedores relevantes.

Finalmente -en el último peldaño de la red criminal- se encontraban los vendedores base, es decir, los destinatarios finales de los artículos falsificados. La mayor parte de ellos eran ciudadanos africanos en situación irregular con escasos recursos económicos, y se dedicaban a comercializar directamente los productos a través del denominado top manta. Estas personas, además, se ocupaban de recaudar parte del beneficio obtenido para entregarlo a terceros que, a su vez, acumulaban dinero de diversas procedencias para reenviarlo a los niveles superiores de la organización.

Métodos utilizados para remitir el dinero a los líderes del entramado y vías para blanquear las ganancias ilícitas

Uno de los métodos utilizados consistía en realizar transferencias bancarias o ingresar el dinero directamente en las cuentas. Esto lo hacían desde múltiples puntos de la geografía española, y se reintegraba en las localidades donde residían los líderes de la organización. La otra vía empleada era mediante envíos de empresas de paquetería o correspondencia postal, (con peso inferior a un kilogramo) a los domicilios de los jefes de la red criminal.

Por otra parte, las vías utilizadas para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas –lo que conllevaba introducir el dinero nuevamente en el flujo monetario legal- eran principalmente dos; la creación de negocios con apariencia legal, tales como restaurantes, y el envío de dinero a su país de origen (Senegal), bien a través de mulas o mediante paquetería.

Dinamismo del modus operandi para eludir la acción policial

A fin de extremar las medidas de seguridad, la organización modificaba su modus operandi de forma habitual. Cambiaban las vías de entrada de la mercancía falsificada (si anteriormente entraba en la Unión Europea a través de Reino Unido, actualmente la ruta seguida era China-Alemania-España) así como las formas de pago y de distribución del género. Este dinamismo, además de dificultar la acción policial, denota gran sofisticación de la red criminal.

La operación se ha centrado en aquellos miembros que ocupan los niveles superiores o intermedios de la organización. En este sentido, los agentes detectaron que la capacidad económica de los investigados no se correspondía ni con sus rentas declaradas ni con sus informes de vida laboral, ya que prácticamente ninguno de ellos recibía ingresos por nómina y quienes lo hacían no era proporcional a las entradas de dinero que se registraban en sus cuentas.

39 detenidos, 13 registros y 22 inspecciones en las provincias de Madrid, Sevilla, Girona, Málaga y Santa Cruz de Tenerife

Finalmente, los agentes han detenido a 39 personas por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, contrabando e infracción a la Ley de Extranjería; 14 de los arrestos se han producido en Madrid, 4 en Sevilla, 15 en el municipio gerundense de Lloret de Mar, 3 en Málaga (uno de ellos en Marbella) y 3 en Tenerife.

Además, los agentes han realizado 13 registros en los domicilios de los jefes y distribuidores relevantes de la organización, así como 22 inspecciones en almacenes y establecimientos abiertos al público. En Madrid, concretamente, han realizado 6 registros y 7 inspecciones en las zonas de Carabanchel y Lavapiés. Los registros (3) e inspecciones (10) practicados en la provincia de Gerona se han llevado a cabo en Lloret de Mar. Por otra parte, en Sevilla se han realizado 2 registros domiciliarios y 2 inspecciones; en Málaga un registro y dos inspecciones; y, por último, un registro en el municipio tinerfeño de Arona y una inspección en un establecimiento que era el punto neurálgico de la organización en la isla.

Fruto de los registros practicados, los agentes han intervenido 242.501 efectos –entre los que se encuentran equipaciones de fútbol, bolsos de lujo, calzado y joyas- que vulnerarían los derechos de propiedad industrial de marcas de reconocido prestigio, así como diversa fornitura para adherir a productos blancos y pegatinas para estampar en prendas de ropa. Por otra parte, también han incautado 86.255 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles) y gran cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados.