Isabel Lozano, vicesecretaria del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Cristóbal Arjona, secretario de Acción Sindical de la Organización, y Daniel Torres, secretario de Acción Social, se han reunido con los responsables del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez González, directora general de Ordenación Profesional, y Juan Julián García Gómez, Subdirector General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud en la Dirección General de Ordenación Profesional para, una vez más, debido al retraso que está sufriendo la actualización de las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), recordarles el compromiso que adquirió hace tres años el Gobierno al respecto.
"Es inadmisible que sigamos rigiéndonos por las funciones del Estatuto de 1973, un texto con medio siglo de vida que poco tiene que ver con el trabajo que actualmente se realiza en la asistencia sanitaria. Por ello, es necesario que nuestras funciones se actualicen y adapten a las necesidades reales del s. XXI, tal y como nos estamos adaptando nosotros como profesionales sanitarios. Un avance para nuestro colectivo del que dependen otras reivindicaciones fundamentales como el nivel de cualificación, que continúa pendiente de revisión por el INCUAL es el único ciclo formativo que queda con 1.400 horas- porque depende de la actualización de nuestras funciones", explica Isabel Lozano.
Asimismo, los responsables de SAE también han hecho notar a sus interlocutores que el estancamiento en el cumplimiento de estos compromisos con los TCE puede dificultar su inclusión en el desarrollo de la nueva Ley de Formación Profesional, que debe culminarse este año para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las trabas que continuamente se están poniendo para poner fin a la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto Básico del Empleado Público EBEP- y aplicar el artículo 76, que recoge la correcta clasificación de los Técnicos de Grado Medio (en el C1) y de los de Grado Superior (en el B) en la reforma del Estatuto Marco que se está llevando a cabo, ha sido otra de las cuestiones abordadas, sin obtener una respuesta clara por parte de los responsables ministeriales.
"Llevamos quince años de lucha para que el contenido legal de una norma básica como es el EBEP tuviese, para los titulados en los distintos grados de Formación Profesional, una plasmación práctica idéntica a la de otros colectivos de funcionarios, con unos resultados ciertamente desalentadores, cuando la propia exposición de motivos del EBEP recoge que "…por lo que se refiere a los funcionarios, se hace preciso modificar su clasificación actual, teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado en los últimos años nuestro sistema educativo y en previsión, particularmente, del proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios …". Sin embargo, a pesar de que la Ley de Función Pública de la Generalitat Valenciana y varias sentencias favorables reconocen el C1 para los Técnicos de Grado Medio, aún seguimos sin ningún avance significativo en este sentido. De hecho, el anteproyecto de ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, que en teoría debería solventar la cuestión, recoge en su Disposición Adicional IV lo mismo que la Disposición Transitoria 3ª del EBEP. Es evidente el efecto perturbador que supondría mantener lo establecido para los profesionales de la formación profesional en el acceso al empleo público, contraponiéndose a lo que establece el art. 10 del mismo anteproyecto, que se supone que es la clasificación que tendrán los empleados públicos de acuerdo a la titulación que se les exigió para su acceso de conformidad a lo que estableció el art. 76 del EBEP, y por lo que se ha desarrollado esta ley, entre otros motivos. Mantener esta Disposición Adicional IV sería mantener la Disposición Transitoria 3ª del EBEP. Esperamos que los responsables ministeriales lleven a cabo las actuaciones necesarias para que nuestras reivindicaciones avancen y se plasmen en el nuevo Estatuto Marco; por ello confiamos en que se empiece a valorar más el trabajo que desempeñamos en la atención sanitaria y menos el ahorro económico que supone mantener estancadas nuestras reivindicaciones porque para que un sistema sanitario mantenga y alcance la calidad asistencial que merecen los usuarios es necesario invertir tanto en recursos materiales como humanos", concluye Isabel Lozano.
