El entramado, que según las investigaciones obtenía unos 1.800 euros anuales por persona, estaba dividido en dos facciones, en Murcia y Málaga, para facilitar el reparto de funciones y gestionar los cobros y la obtención de los documentos falsificados
Pagaban 200 euros al mes
La organización criminal, que se encontraba asentada en las ciudades de Murcia y Málaga, falsificaba tarjetas de residencia fuera de España, en el continente africano. Los integrantes de la red vendían esta documentación a ciudadanos de nacionalidad nigeriana que residían de forma ilegal en territorio nacional. Para ello, debían abonar una cantidad de dinero por la tarjeta y después otra suma mensual para pagar la utilización de la misma.
El entramado se dividía en dos ramificaciones a nivel geográfico, una en Málaga, donde se recibían los pagos de los solicitantes de las tarjetas y otro en Murcia desde donde se facilitaba la documentación falsificada. La consecuencia última era el favorecimiento de la inmigración ilegal, al suministrar la permanencia y la posibilidad de trabajo en España de personas que se encontraban en situación irregular.
Para poder adquirir la documentación, los migrantes debían realizar un primer pago de entre 500 y 600 euros, para después recoger las tarjetas en la ciudad de Murcia, donde la organización les entregaba la documentación y les daba alojamiento en pisos “patera”. Los integrantes de la red les indicaban allí las empresas desde donde podían iniciar su actividad laboral sin ser detectados.
Además, les obligaban a pagar 200 euros al mes mediante transferencia bancaria durante todo el tiempo que estuvieran trabajando con la documentación que les habían aportado. La organización criminal obtuvo unas ganancias de aproximadamente unos 1800 euros anuales por cada persona.
Investigación policial
Durante la operación policial han sido arrestadas seis personas, cuatro en Málaga y dos en Murcia, por pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Se han realizado dos entradas y registros en las ciudades de Málaga y Murcia en las que se han intervenido más de 50 documentos falsos de diferentes países, 400 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles, un ordenador portátil, y diversos efectos de almacenamiento informático.