En el momento de su llegada a España, las víctimas contraían una deuda que ascendía hasta los 3000 euros por el traslado, cantidad que se incrementaba si pretendían salir de las casas de citas

Obligadas a consumir estupefacientes

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de un entramado delictivo asentado en Fuengirola que, presuntamente, explotaba a sus víctimas en casas de citas de esta localidad. Los integrantes de la rama española de la organización tenían su residencia habitual en Madrid y, frecuentemente, se desplazaban hasta la provincia malagueña para supervisar el funcionamiento de los pisos de citas y recaudar los beneficios que les daba la explotación de sus víctimas.

Los implicados se aprovechaban de la precaria situación de vulnerabilidad y necesidad económica en que sus víctimas se encontraban en su país de origen. Utilizaban falsas promesas de trabajo, tales como el cuidado de personas mayores o de azafatas en discoteca, convenciéndolas de que su vida mejoraría. Además se encargaban íntegramente de los preparativos del viaje, tramitar la documentación y los billetes de vuelo.

La organización contaba con colaboradores que realizaban funciones específicas como el control y traslado de las víctimas durante los servicios sexuales que realizaran fuera de los pisos. Además publicitaban los servicios sexuales a través de diferentes páginas web de contactos, en cuyo contenido indicaban números de teléfono a los que llamaban los clientes para concertar los servicios y que eran atendidos por los propios miembros del entramado.

Uno de los principales colaboradores del entramado criminal, que regentaba uno de los pisos donde se explotaba sexualmente a las víctimas, utilizaba incluso un arma de fuego para amedrentar y tratarlas de forma muy denigrante.

La organización criminal se dedicaba también a la venta de sustancias estupefacientes a los clientes que lo demandaran, tales como cocaína, “tusi” o cocaína rosa o comprimidos potenciadores del deseo sexual. Los implicados obligaban a sus víctimas a consumir algunas de estas sustancias, práctica habitual para anular la voluntad y alargar la duración de los servicios sexuales, todo lo cual se traducía en mayores beneficios económicos para los tratantes.

Explotadas las 24 horas

Algunas de las víctimas, en su mayoría de nacionalidad peruana, fueron captadas en su país de origen a través de redes sociales, contactos en el país o directamente a través de los principales responsables en España.

Una vez se encontraban en territorio nacional, eran recogidas en el aeropuerto por los principales miembros de la organización o por familiares de éstos, quienes las trasladaban hasta domicilios particulares de Madrid o de Fuengirola en autobús y, seguidamente, a los pisos de citas. En ese lugar les informaban de la deuda económica que habían contraído por su traslado –podía ascender hasta los 3000 euros- y que debían saldar ejerciendo la prostitución. Para ello debían estar disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana, no pudiendo rechazar a ningún cliente ni servicio sexual. La red criminal se quedaba con el 70% íntegro de los beneficios que generaba y solo el 30% era para cobrar su deuda.

Las víctimas solo podían salir de las casas de citas para realizar servicios sexuales en viviendas. Además, su actividad era monitorizada de forma constante a través de cámaras de videovigilancia instaladas en las casas de citas. Si las víctimas manifestaban su deseo de salir de los pisos, tras lograr saldar su deuda inicial, la organización incrementaba la deuda contraída para que nunca consiguieran liberarse.

Investigación policial

El control que los integrantes de la organización ejercían sobre sus víctimas, así como el hecho de que la explotación se produjera en domicilios en vez de en clubs de alterne, al principio dificultó el desarrollo de las averiguaciones para la detección de las actividades ilícitas. Además contaban con la colaboración de una agencia de viajes, situada en Madrid, que se encargaba de gestionar los billetes de avión y reservas de las víctimas.

Para el buen funcionamiento del operativo, se ha contado con la presencia en España de autoridades peruanas, lo que ha contribuido a la consolidación de la lucha internacional contra la Trata de Seres Humanos. La investigación ha obtenido ayuda de la Agregaduría de Interior en Perú para la localización de las víctimas y ha recibido colaboración de la ONG OURrescue.

La investigación culminó con la liberación de siete víctimas de explotación sexual y la detención de 11 personas por los delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, delito contra la Salud Pública y uno de los detenidos lo fue por tenencia ilícita de armas. Seis de estas detenciones fueron en la ciudad de Fuengirola y cinco en Madrid.

Se han realizado cuatro entradas y registros, dos en la localidad de Madrid y dos en Fuengirola. Se han intervenido unos 5000 euros en efectivo, documentación relacionada con la investigación, unos diez teléfonos móviles, un dispositivo informático USB, diversas sustancias estupefacientes, entre las que se encontraban dos gramos de cocaína rosa o “tusi”, cinco gramos de hachís, uno de cocaína y marihuana.

Todos contra la Trata

La Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual es un delito que se comete a nivel mundial, se puede luchar contra ello y ayudar a las víctimas a liberarse de sus captores. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.