Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pide eliminar el doble perjuicio que supone para agricultores y ganaderos tener que hacer frente a sanciones por condicionalidad y por otras normas aplicables para los mismos incumplimientos y que, hasta el momento, está reflejado en el proyecto de Ley de Gestión de la PAC.
Unión de Uniones ha trasladado a los diputados de la Comisión de Agricultura en el Congreso sus propuestas de enmienda en relación al proyecto de ley que tramita la Cámara sobre la gestión de la PAC que vendrá en 2023 y cuyo plazo finaliza el próximo 5 de septiembre. En dicho proyecto, se incorpora al mecanismo de sanciones por incumplimiento de la condicionalidad, nuevos compromisos que aumenta las exigencias para los agricultores y ganaderos en materia de medioambiente, agua, cambio climático y bienestar, sanidad e identificación animal e introduce una condicionalidad social ligada a temas laborales.
Unión de Uniones alerta de que, tal y como se plantea en el proyecto de Ley la condicionalidad supondría un doble castigo económico por un único incumplimiento. “Eso va en contra de la Constitución y de los principios jurídicos más elementales”, señalan desde la organización. “Al prevalecer la norma comunitaria sobre las estatales, se deberían tener en cuenta sólo las sanciones previstas en la PAC”, añaden.
Insta a que las comunicaciones con la Administración no sean sólo electrónicas
Por otro lado, el proyecto de ley reconduce todas las relaciones entre los agricultores y ganaderos y las administraciones a través de medios electrónicos, sin tener en cuenta la brecha digital aún no superada para la población del medio rural.
“Nadie puede negar el tremendo esfuerzo que estamos haciendo agricultores y ganaderos para incorporarnos a las nuevas tecnologías de la comunicación” expresan “pero en muchos pequeños pueblos sigue habiendo problemas de conexión y una parte de la población aún no está preparada”.
Por este motivo, Unión de Uniones cree indispensable que las administraciones competentes determinen otros medios alternativos de comunicación para no dejar a nadie atrás.
Por último, Unión de Uniones ha introducido también en sus propuestas otras actuaciones, ya planteadas por la organización en los proyectos de ley de medidas contra la sequía y por el conflicto de Ucrania, que hasta el momento no han podido ser debatidas en Cortes, como la creación de un Fondo Extraordinario de 1.000 millones de euros para responder a la crisis, la revisión de la regulación de la cadena alimentaria, la derogación de la prohibición general de quemas agrícolas y diversas cuestiones en materia fiscal y de seguridad social.
